El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se tenga en cuenta en el procedimiento de extradición del periodista sueco-turco Hamza Yalçin que el golpe de estado fallido de 2016 en Turquía ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos.

El pasado 3 de agosto, el periodista, de 59 años y residente en Suecia, fue detenido en el Aeropuerto de Barcelona en cumplimiento de una orden de detención de Interpol cursada por Turquía. Está acusado de insultar al presidente turco, Recep Tayip Erdogan, y de tener "vínculos terroristas" con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C).

La Audiencia Nacional, que dictó prisión provisional para el escritor, es la encargada de deliberar sobre las órdenes de extradición. Tanto el Defensor del Pueblo como numerosas organizaciones de periodistas, de abogacía y políticas han denunciado que Turquía persigue a Yalçin por ser un periodista crítico con el régimen turco.

Hoy, Fernández Marugán ha enviado un escrito al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el que recuerda que en Turquía "la situación desde la perspectiva de los derechos humanos ha cambiado sustancialmente" desde el intento de golpe de estado de julio de 2016.

El pasado agosto, el Defensor del Pueblo expresó a la Fiscalía General del Estado su "preocupación" por Yalçin y le preguntó su postura en este caso. En respuesta, la Fiscalía General del Estado le remitió un informe con un pronunciamiento de la Audiencia Nacional en la que ésta desestimaba alegaciones contra la aceptación de extradiciones a Turquía.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha destacado que el citado pronunciamiento es de marzo de 2016, meses antes del intento de golpe de estado en Turquía, y que la situación relativa a los derechos humanos ha cambiado de "sustancialmente" desde entonces. Según Fernández Marugán, esas circunstancias han de ponderarse a lo largo de todo el procedimiento de extradición de Yalçin.

Además, ha reiterado su "preocupación por el posible uso de la extradición por el Estado turco como instrumento de represión política, desvinculado de la comisión de delito". Asimismo, ha recordado que las actuaciones represivas de Turquía contra periodistas y escritores son "de general conocimiento". Hace dos semanas, el Defensor del Pueblo también alertó de que las "alertas rojas" de Interpol podrían ser un "instrumento utilizado por algunos Estados no democráticos para la persecución" de ciudadanos disidentes.