El Ministerio de Hacienda está investigando "pormenorizadamente" los pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre en Catalunya para detectar si se usó dinero público en la celebración de la consulta.

Según fuentes de Hacienda hay una investigación en curso para averiguar si se utilizaron fondos públicos en la consulta independentista y poder así aflorarlo, si bien señalan que la Generalitat no habilitó formalmente un presupuesto destinado al referéndum.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que esta situación dista del 9-N cuando, en 2014, sí hubo partidas del Gobierno autonómico y por eso los responsables de la organización han tenido que responder con su patrimonio para pagar la fianza que estableció el Tribunal de Cuentas.

Motivo este por el que el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y cinco altos cargos de la Generalitat tuvieron que depositar 5,25 millones de euros para responder por el dinero público destinado a la consulta ilegal.

3,4 millones del fondo de contingencia

La Guardia Civil ha expuesto ante el Tribunal Supremo que en los correos del secretario de la vicepresidencia, Josep María Jové, se demuestra que se hicieron las gestiones para aprobar una transferencia de 3,4 millones de euros del Fondo de Contingencia para la partida de "Difusión".

Además, el Instituto armado, ha acreditado que los responsables del referéndum del 1 de octubre generaron compromisos de gasto por al menos 1,6 millones de euros, que se repartieron entre seis consejerías de la Generalitat: Economía, Trabajo, Presidencia, Salud, Cultura y Exteriores.

Así, exponen que el gasto que habrían aprobado sólo para publicidad superaría esa cifra y se situaría en 2,29 millones de euros. Esta partida habría sido tramitada "con carácter urgente" a través del expediente PR 2017-192 relativo a la campaña "CIVISME", mediante la cual se pretendía difundir anuncios vinculados al referéndum.

La cuya difusión de la citada campaña fue rechazada por varias empresas publicitarias por entender que era contrario a las resoluciones del Tribunal Constitucional prohibiendo el referéndum. Sin embargo, la publicidad se acabó emitiendo en varios medios de comunicación y sobre todo en los medios públicos de la Generalitat.

Como resultado de ello, el coste acreditado por la Guardia Civil y atribuido a la Consejería de Jordi Turull habría ascendido a 502.639 euros: 224.835 euros para la campaña del registro de catalanes en el exterior y 277.804 euros para la de difusión del 1-O.

A esta cifra, la Guardia Civil suma el gasto de 119.700 euros del Diplocat abonado a la empresa The Hague Center for Strategic Studies, a la que pertenecen los observadores internacionales enviados para el 1-O y los 979.661 euros comprometidos con la empresa Unipost por el coste vinculado al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral.

Este gasto se debía abonar repartido en cinco facturas por parte de las Consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluis Puig. De hecho, los investigadores, han constatado el intento por parte de esta empresa de cobrar una de esas cinco facturas, por valor de 238.965,37 millones de euros, al Departamento de Trabajo de la Generalitat.

El citado reparto se realizó, según el informe, para "una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum". Para ello, estos cinco Departamentos contrataron el reparto de unas 56.000 cartas certificadas y otras 5.346.734 unidades (censo electoral) que se pretendía repartir como ordinarias.