El titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado este jueves que se registre la sede de Omnium Cultural y el domicilio y despacho en el departamento de Presidencia de la Generalitat de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la conselleria de Presidencia, en libertad tras ser detenido esta mañana para prestar declaración. El juez investiga el rastro del dinero  y los posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre, han informado fuentes de la investigación.

La orden ha sido dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de una pieza secreta que sigue el rastro de los gastos del Govern para la celebración del referéndum soberanista del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.  

En el marco de estas diligencias, el juez ha ordenado tomar declaración a Molons, investigado por malversación y presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O. El secretario de la organización ha abandonado hacia las 16.20 horas la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona.

Los registros, además de la sede de Òmnium y el despacho de Molons en el Palau de la Generalitat, se han practicado también en su vivienda, ubicada en la localidad de Sant Joan Despí (Barcelona).

Molons, un alto cargo del Govern que ya declaró anteriormente sobre las campañas de publicidad para animar a participar en el referéndum que había suspendido el Tribunal Constitucional y luego declaró ilegal.

Las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros, según la investigación preliminar de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los preparativos y recursos destinados al referéndum del 1-O tras abrir una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida "camuflada" de 400 millones de euros para organizar la consulta.