El tribunal ha dejado en libertad provisional a Antonio Manuel Guerrero Escudero, el guardia civil de La Manada que intentó sacar un nuevo pasaporte, a pesar de que la Audiencia de Navarra se lo había prohibido expresamente, a la espera de resolver la petición fiscal de su ingreso en prisión.

Así lo ha decidido la sección segunda de la Audiencia de Navarra, que lo condenó a 9 años de cárcel junto a los otros cuatro procesados por abusar sexualmente en grupo de una joven durante los Sanfermines de 2016, con el agravante de que se prevalieron de su superioridad sobre la víctima quien quedó en shock.

El tribunal decidirá "en unos días", según fuentes oficiales, si acuerda o no su ingreso en prisión, tal y como pidió inicialmente la Fiscalía, petición a la que se han adherido todas las acusaciones: la particular, que ejerce la víctima, y las populares del ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

En la vista, que ha durado tres horas y media sin contar recesos, se ha tomado declaración a nueve testigos, entre ellos la funcionaria de Policía que atendió al guardia civil en la oficina de pasaporte y que ha testificado sobre si intentó renovar el documento el primer día hábil después de ser excarcelado.

En total, han declarado tres agentes de la oficina del DNI y otros tres del juzgado en el que el guardia civil comparece tres días por semana.

Antonio Guerrero -guardia civil suspendido – ha comparecido ante el tribunal junto a su abogado defensor, Jesús Pérez, por medio de una videoconferencia desde Sevilla.

También han declarado, a petición del guardia civil, su padre, su novia y la pareja del abogado del miembro de 'La Manada' [así se hacía llamar el chat que mantenía el grupo condenado en WhatsApp].

En la vista, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de su ingreso en prisión por dos motivos: por riesgo de fuga y por incumplir una de las medidas cautelares impuestas para su salida de la cárcel, como es el intento de renovar el pasaporte.

Dijo que lo había perdido

Antonio Guerrero se presentó en una oficina del DNI para renovar el pasaporte y argumentó que lo había perdido, según comunicó la Policía Nacional en un oficio dirigido al Tribunal. La agente introdujo su nombre en el sistema y le comunicó que no podía renovarlo ya que tenía algún asunto pendiente en un juzgado. Sólo en ese momento reconoció que sobre él pesaban medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, según la versión aportada por la Policía al tribunal.

Ocurrió el lunes 25 de junio, el primer día hábil después de que el viernes 22 quedara en libertad provisional con medidas cautelares como la prohibición de salir del país -con la retirada del pasaporte y la prohibición de renovar este documento-, así como presentarse tres días por semana en el juzgado más próximo a su domicilio y una orden de alejamiento de la víctima y de la Comunidad de Madrid.

El tribunal es el mismo que condenó a los cinco miembros de La Manada y que acordó su excarcelación mientras la sentencia es revisada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a donde ha sido recurrida en segunda instancia.

El presidente del tribunal es José Francisco Cobo, ponente de la sentencia condenatoria y que quedó en minoría al defender que La Manada debía de permanecer en prisión provisional, algo que es habitual hasta cumplir la mitad de la pena a la que se es condenado.

Los otros magistrados del tribunal son los que acordaron dejar en libertad a los miembros de La Manada el pasado 22 de junio: Ricardo Javier González González -ponente del auto de excarcelación- y Raquel Fernandino Nosti.