Dos meses después del inesperado e histórico giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, la mayoría de los grupos del Congreso han vuelto a afear por enésima vez esta decisión, que se tomó sin contar con el respaldo del socio minoritario del Gobierno ni con el resto de formaciones con representación en el hemiciclo. Esta nueva reprimenda ha tenido lugar este martes en el Pleno durante el debate de la moción consecuencia de interpelación presentada por Nueva Canarias sobre "las relaciones España- Marruecos y su incidencia en Canarias".

El acuerdo alcanzado con Marruecos, por el que se da por buena su propuesta de autonomía sobre este territorio ocupado por el país vecino, fue dado a conocer a la opinión pública el pasado 18 de marzo en primera instancia por la Casa Real marroquí y, hasta la fecha, ni el presidente del Ejecutivo ni el ministro de Exteriores han explicado los fundamentos del mismo, más allá de hacer una alabanza de la nueva de etapa de relaciones con Marruecos y a pesar del rechazo del Frente Polisario.

En el horizonte parlamentario queda pendiente una comparecencia de Sánchez para desgranar los detalles del acuerdo, una cita que fue forzada por el PP y los socios del Gobierno y que aún no tiene fecha. Aunque según detallan fuentes socialistas, no será hasta finales del próximo mes dado el calendario de sesiones y la celebración de los comicios en Andalucía para el 19 de junio.

Mientras, Unidas Podemos y los grupos de la oposición han urgido este martes a que esas explicaciones se produzcan cuanto antes frente a las incógnitas aún sin despejar, además de volver a afear la decisión en sí por la carga moral e histórica que supone, esto es, "sucumbir al chantaje" de Marruecos y "abandonar" al pueblo saharaui.

La moción debatida este martes, y que será votada el próximo jueves, contiene seis puntos. En concreto, insta al Gobierno a reafirmar la necesidad de "concluir el proceso de descolonización" del Sáhara Occidental, con "escrupuloso respeto a la legalidad internacional", en el marco de las resoluciones de la ONU; establecer de mutuo acuerdo con Marruecos la Mediana Equidistante entre sus costas y el archipiélago canario; "reconocer la imposibilidad de la definición de los espacios marítimos, utilizando como base la costa del Sáhara Occidental, hasta la conclusión de su proceso de descolonización"; "definir un proyecto común entre Marruecos, España y la UE para la lucha permanente contra las mafias que trafican con personas"; garantizar la participación del Gobierno canario en las decisiones en materia de inmigración y políticas de cooperación al desarrollo; y poner fin a las prospecciones petrolíferas en aguas marroquíes que afecten a Canarias.

La diputada socialista María Tamara Raya ha sido la encargada en esta ocasión de asumir la difícil tarea de defender esta postura frente al rechazo del resto de fuerzas políticas. "La cuestión de la legalidad internacional no consiste solo ni de lejos en las resoluciones de la Asamblea de la ONU", ha señalado para desprenderse de las críticas por las obligaciones de España como potencia administradora al mismo tiempo que ha insistido en que el Estado español es reconocido "solo como parte interesada". 

Enfrente, diferentes grupos que abarcan un amplio espectro ideológico, a izquierda y derecha, han reprochado tanto el cambio de postura del Gobierno por el que España abandona la neutralidad en este conflicto como la opacidad del mismo y las implicaciones que pueda acarrear para los diferentes territorios del Estado, además de tensar la cuerda con Argelia, principal suministrador de gas. Y todo ello mientras la sombra de la duda planea sobre la responsabilidad de Marruecos en el espionaje a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska con el programa Pegasus.

Así, el propio Pedro Quevedo (Nueva Canarias), que ha defendido la iniciativa, y los representantes de Unidas Podemos, ERC, PNV, BNG, pero también de PP, Vox y Cs han vuelto a dejar solo nuevamente al PSOE en esta materia por, entre otras razones, "ignorar al pueblo saharaui y la responsabilidad histórica de España sobre esta cuestión", ha apostillado la parlamentaria del espacio confederal Lucía Muñoz.

"Lo que le importa al Gobierno es blindar las fronteras y asegurar que el trabajo sucio lo hacen las autoridades marroquíes", ha asegurado la diputada republicana Marta Rosique. "El Gobierno no solo adopta un cambio de postura histórica, sino que lo ha hecho de forma poco transparente y sin rendir cuentas sobre las consecuencias de dicha decisión ni la contrapartida de esa ruptura", ha añadido Mari Carmen Martínez, de Cs, a la espera de que Sánchez rinda cuentas sobre el pacto con Marruecos del que pocos detalles se conocen por el momento.