Grúas: el caso de corrupción por el que está investigado el presidente de Canarias

El 15 de marzo era la fecha que la magistrada Celia Blanco había elegido para que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acudiera a los juzgados de La Laguna como investigado por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Pero el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que el presidente canario ha anunciado que va a presentar para devolver el denominado caso Grúas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha retrasado su declaración.

El pasado martes, después de que diera explicaciones ante el Parlamento de Canarias por su imputación, la jueza de instrucción número 2 de La Laguna emitió una providencia en la que suspendía la declaración hasta que se resuelva el recurso en el Supremo.

¿Qué es el caso Grúas?

El caso Grúas tiene sus orígenes en la etapa de Ana Oramas (actual representante de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados) como alcaldesa en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife). En 2003, Fernando Clavijo, entonces, concejal de Seguridad Ciudadana, decidió privatizar el servicio municipal de Grúas, y dos años más tarde, Autogrúas Poli S.L gana un concurso que la convierte en la empresa concesionaria.

El dueño de la empresa, José Padilla, declaró en 2013 ante la Guardia Civil que recibía presiones por parte del Ayuntamiento y del entorno del, entonces, alcalde. El empresario llegó a señalar en su declaración que recibía presiones del Ayuntamiento para que vendiera la empresa a siete trabajadores que, presuntamente, tenían algún tipo de relación directa o indirecta con Clavijo. Según Padilla, este fue el motivo por el que el Ayuntamiento de La Laguna empezó a retrasar los pagos a Autogrúas Poli hasta llegar a deberle 200.000 euros.

Padilla vendió la empresa a los siete trabajadores, pero los nuevos dueños no lograron revertir la mala situación económica (falta de material, impagos de nóminas, carencia de permisos de transportes...etc). En 2014, Fernando Clavijo, siendo alcalde de La Laguna, decide estudiar la viabilidad de la empresa y la concesión de un préstamo de 120.000 euros. En contra del criterio del interventor municipal decide levantar reparos, conceder el préstamo y prorrogar el servicio con la empresa concesionaria hasta 2019.

Para contrarrestar las opiniones del interventor y levantar reparos se acudió a un informe externo elaborado por Francisco Villar, catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL), y por su coautor, Francisco Clavijo, que tiene vínculos familiares con el presidente del Gobierno de Canarias tal y como ha contado Mírametv.com.

A pesar de la concesión del préstamo de 120.000 euros, la empresa no fue capaz de soportar las deudas, y en 2015, los trabajadores vendieron Autogrúas Poli SL, por un euro, al empresario José Luis Tacoronte.

En el caso, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Junto al presidente del Gobierno de Canarias, también, están investigados el portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño, y el actual alcalde, también de CC, José Alberto Díaz.

¿Por qué no ha ido a declarar el presidente de Canarias?

La entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se eliminan los aforamientos, dejaba la puerta abierta para que Fernando Clavijo fuera investigado por el caso Grúas en un juzgado ordinario. Y así sucedió. En noviembre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias devolvía la causa a los juzgados de La Laguna (Tenerife). Por este motivo, el presidente de Canarias presentó un Recurso de Súplica que el alto tribunal autonómico denegó. Pero, justo unos días antes de que el presidente autonómico tuviera que cumplir con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y declarar como investigado, la jueza ha decidido suspender su declaración.

Dos horas después de las explicaciones del presidente en el Parlamento de Canarias, la magistrada, Celia Blanco, emitió dos providencias. En la primera providencia dio parte a Clavijo para que informara si iba a presentar recurso contra la negativa del TSJC ante el Recurso de Súplica, y, a la vez, le pidió que informase si iba a pedir la suspensión de su declaración. En la segunda providencia la jueza suspendió la declaración prevista para el 15 de marzo. En ella, explicaba que dado que Clavijo ha presentado la “preparación/anuncio de interposición de Recurso” comprende que el Supremo podría revocar el auto: “Entiendo que la competencia de este Juzgado aún está en liza, pudiendo efectivamente el T.S. revocar el auto del TSJ; por lo que a fin de evitar diligencias de instrucción que pudieran en su día resultar nulas…”.

La acusación popular encabezada por Unidos Se Puede ya ha anunciado un recurso contra la decisión de la jueza del Juzgado número dos de La Laguna. Otro de los denunciantes del caso, Santiago Pérez (XTF-NC) advertía en una nota: “la actuación de la jueza de La Laguna Celia Blanco es harina de otro costal: hemos presentado un recurso para pedir que con la misma celeridad con la que se movió este martes pregunte al TSJC si el escrito anunciando el recurso de casación de Clavijo ha sido admitido a trámite o no, porque el propio TSJC -advirtió- decidió devolver la investigación sobre Clavijo al Juzgado de La Laguna y dispuso que ese auto no es recurrible. De tal manera que la jueza Celia Blanco está aplazando la declaración de Clavijo como consecuencia de un escrito dilatorio frente a un auto que no admite recurso". Pérez recordaba que la Ley de Enjuiciamiento deja claro que los recursos de casación solo se pueden presentar en sentencias o contra autos que determinen el final de un procedimiento.

No es la primera vez que las decisiones tomadas por la jueza suscitan críticas. En 2017, los denunciantes del caso decidieron recurrir el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial. El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, respondió al recurso con un duro auto en el que señalaba no compartir los motivos de la magistrada para archivar el caso Grúas: “la resolución judicial recurrida ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, sin llevar a cabo la labor instructora necesaria para la investigación los hechos denunciados, los cuales pudieran revestir caracteres delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, desprendiéndose de la documental aportada indicios suficientes de la comisión de los tales delitos”. Así, el auto de Landete provocó la devolución del caso Grúas a los juzgados de La Laguna, y, posteriormente, la investigación del presidente de Canarias.

El candidato ‘imputado’

A pesar de que, tras el “anuncio” del Recurso de casación, la jueza Celia Blanco haya cambiado la condición de Fernando Clavijo de “investigado” a “interviniente” se mantiene su investigación por malversación de caudales públicos y prevaricación, dado que, no ha sido desimputado y, tampoco, se ha sobreseído la causa. “No existe en derecho una figura como la de interviniente, que es un concepto general, pero a un juzgado se acude en categoría de investigado, perito o testigo”, señalaba Vicente Garrido, Fiscal Superior de Canarias, en La Mañana de Cope Canarias.

Los denunciantes advierten que es una forma para “seguir dilatando el proceso”. Rubens Ascanio, miembro de Unidos Se Puede y denunciante del caso, ha señalado que sus representantes jurídicos aseguran que: “la decisión de la jueza es más que llamativa, ya que el recurso de casación, presentado por la defensa de Clavijo ante el TSJC no se ha admitido a trámite”.

De esta forma, Clavijo se enfrenta a las elecciones autonómicas de mayo estando investigado por corrupción. Pero no es la primera vez que el candidato de Coalición Canaria se enfrenta a una investigación judicial en medio de un proceso electoral. En el año 2014, antes las elecciones autonómicas, estuvo investigado por el caso Corredor, un entramado de corrupción que implicaba a diversos empresarios laguneros y donde salieron a relucir una serie de escuchas telefónicas interceptadas por la Policía Judicial que lo pusieron en jaque. Sin embargo, aunque los delitos por los que se investigó a Clavijo en el caso Corredor son similares a los del caso Grúas, quedó desimputado.