La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al exconsejero madrileño Francisco Granados por el chivatazo que le dio un guardia civil acerca de la operación Púnica, la misma pena que ha recaído en ese agente, José Manuel Talamino, mientras que para el tercer acusado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excendecia, la pena ha sido de un año y medio. Se trata de la primera sentencia que se conoce de dicho caso que investiga una presunta trama de corrupción en instituciones locales y regionales del país.

El tribunal considera que el soplo al exconsejero madrileño produjo un “intenso” daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

Los magistrados consideran a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino de uno de violación de secreto agravado.

Según la sentencia, el guardia civil Talamino (que vivía en Valdemoro y conocía a Granados por haber sido alcalde de esa localidad madrileña) alertó a Granados en septiembre de 2014 de que la UCO estaba investigando el supuesto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, lo que llevó a la destrucción de documentación sobre la trama y a ocultar dinero.

Para el tribunal, "las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid", son "circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta".

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Mariscal

Para el tribunal, "las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid", son "circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta".

"Los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas", señala el tribunal.

Al saberse investigado, Granados pidió a David Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios (facturas de la compra de regalos, organigrama de sus sociedades y testaferros y contratos en cuya adjudicación había mediado) y trasladó documentación sobre sus cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria Ana María Ramírez.

Voto particular

El magistrado Nicolás Poveda formula voto un particular dado que, aunque considera probada la responsabilidad penal de los acusados, pone en tela de juicio el contenido de los documentos que estaban en posesión de Marjaliza y que fueron quemados por orden de Granados ya que "nada se sabe de dicha documentación" salvo la descripción que hizo de ella el constructor en su declaración testifical.

Un monitor de televisión muestra a David Marjaliza, durante su declaración en el juicio en la Audiencia Nacional. Detrás de él, Francisco Granados.

Recuerda que ambos aseguraron que, a raíz del soplo y por petición de Granados, se quemaron "tres carros del Carrefour" con apuntes contables de entregas de dinero a alcaldes y concejales y documentos de licitaciones de la Comunidad de Madrid. Pero, para Poveda, "no existe dato alguno que acredite la preexistencia de tal documentación ni su contenido exacto" y la única prueba que lo demuestra son sus propias manifestaciones, teniendo en cuenta, señala el juez, que tanto Marjaliza como Ramírez están acusados en la pieza principal de la Púnica.

Además, cree que no solo Granados se aprovechó del soplo de Talamino, sino que también "ha quedado acreditado" que Marjaliza adoptó junto con el exconsejero madrileño "medidas que entorpecieron y perjudicaron de forma sustancial la instrucción de la causa".

Granados, que ocupó varios altos cargos en el PP y administraciones locales y regionales en Madrid, estuvo en prisión provisional desde octubre de 2014 a junio de 2017, cuando se le concedió la libertad provisional. La trama Púnica estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia y firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales durante dos años, según la Fiscalía Anticorrupción.

Granados recurrirá

El exsecretario general del PP madrileño ha afirmado que recurrirá al Tribunal Supremo la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el chivatazo y ha advertido que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si hace falta porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Según fuentes de la defensa de Francisco Granados, la sentencia  tiene "la puerta abierta abierta" al recurso de casación por dos circunstancias: la primera que los hechos expuestos en esta resolución no cumple con los "requisitos de tipicidad" y la segunda porque las intervenciones telefónicas son "nulas".

El abogado de Granados, José Javier Vasallo, ya expuso durante el juicio que se celebró entre el 14 y 16 de noviembre, que los 'pinchazos' telefónicos durante la instrucción de la causa son "intervenciones en prospección" y que infringen las reglas del control jurisdiccional". Ahora, la defensa del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid tratará de que el Supremo les de la razón en este sentido.