El Govern ultima una solución, cuya fórmula jurídica podría anunciarse en las próximas horas, para "proteger" a los 34 ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros por la promoción en el extranjero del referéndum ilegal del 1-O. 

La gran pregunta en estos momentos es si el apoyo que el gobierno de Pere Aragonès dará a los dirigentes del procés encausados, incluirá un aval económico o se circunscribirá a un acompañamiento jurídico. 

Al ser preguntada por ello, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, se ha limitado a asegurar hoy que el Govern estará "al lado" de los afectados, entre los cuales figuran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller Andreu Mas-Colell. 

La consellera republicana ha reivindicado el derecho de la Generalitat a prestarles auxilio en base al "principio de indemnidad" del funcionario público, según el cual, ha explicado, "todos los funcionarios tienen derecho a una tutela y a un apoyo" por parte de su administración cuando se les acusa de un delito en cumplimiento de sus funciones. "No han malversado", ha sentenciado Vilagrà.

Aunque el Govern aún no ha explicado si prestará apoyo económico o no a las personas afectadas por la causa del Tribunal de Cuentas, los partidos políticos que forman parte del ejecutivo catalán, ERC y JxCat, sí que han opinado acerca de cómo creen que se debería actuar para minimizar el impacto de las finanzas millonarias a pagar sobre los patrimonios particulares. 

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha abogado por que el independentismo active la "caja de solidaridad" para que cualquier persona pueda contribuir, independientemente de lo que decida el ejecutivo que pilota el también republicano Pere Aragonès. 

"Que se activen todos los mecanismos de apoyo a las personas afectadas es importante", ha coincidido Vilagrà. 

En cambio, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha emplazado al Govern a avalar "sin fisuras" las fianzas millonarias para evitar el embargo de los bienes de las personas afectadas. 

"Creemos que es fundamental que el Govern de la Generalitat dé un paso en la defensa de estas 34 personas porque no solo es defender a los trabajadores, sino la legitimidad misma del propio Govern", ha apuntado. 

En la misma línea, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha presionado al gobierno catalán para que "cubra hasta el último céntimo" de los depósitos demandados, pues alertan de que lo contrario "debilitaría" al movimiento independentista y alimentaría la "represión económica". 

"La solidaridad de la sociedad civil tiene que ser la última trinchera y tiene que servir, sobre todo, para el independentismo de base que no tiene el paraguas de una institución, partido político u organización", han afirmado en un comunicado. 

También el PDeCat ha exigido al Govern que "esté a la altura" con estos encausados -entre los cuales hay personas con carné del partido, como Artur Mas- el mismo día en que ha abierto una cuenta bancaria para recaudar fondos ante la ejecución inmediata de más de un millón de euros por parte del Tribunal de Cuentas a los políticos encausados por la consulta soberanista del 9N de 2014. 

Desde el PSC, la viceprimera secretaria, Eva Granados, ha cuestionado que el Govern pueda avalar las fianzas de unas personas a quienes se investiga por un presunto uso indebido de dinero público, y ha avisado a los responsables del ejecutivo catalán de que existe el riesgo de que un tribunal les acuse de malversación. 

En su opinión, lo más conveniente sería esperar a que el organismo administrativo acabe su investigación antes de actuar. 

Por otro lado, el president Aragonès ha finalizado con el PPC la ronda de contactos con los grupos parlamentarios tras su investidura. 

En la reunión entre el presidente de la Generalitat y el líder del PPC, Alejandro Fernández, ambos dirigentes han constatado sus posturas "diametralmente opuestas" sobre cómo abordar el conflicto catalán, así como en relación con las medidas económicas necesarias para salir de la crisis de la covid-19.