El Govern ultima los trámites y preparativos para poner en marcha este octubre la empresa energética pública de la Generalitat. Así lo ha confirmado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y fuentes del Ejecutivo catalán aseguran que el grupo de trabajo que la prepara está cerrando los flecos que quedan para activarla.

Según información del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, que dirige la consellera Teresa Jordà, ésta será la primera energética pública del Estado, impulsada por un gobierno autonómico, que se dedicará a la gestión y producción de energía eléctrica para el consumo. A pesar de que en las Illes Balears se había hablado de un proyecto, finalmente se han limitado a la creación de un ente -una Agencia pública- equiparable al Institut Català de l’Energia como el que la Generalitat ya dispone desde hace bastante tiempo.

También será muy diferente a las energéticas públicas existentes en el mundo municipal como Barcelona Energia, una empresa creada por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, las empresas se dedican básicamente a la comercialización. En el de la Generalitat el modelo y la dimensión carecen de precedentes y sería equiparable a las empresas energéticas privadas que además de comercializar, gestionan centros de producción de electricidad. Pero en el caso de la energética pública catalana, centrada exclusivamente en energías renovables.

Energía renovable en espacios de poco interés para las privadas

Así, la empresa pública, según fuentes del Govern, inicialmente se centrará en la generación de electricidad como objetivo prioritario con sistemas de energías renovables y de entrada aparcará la comercialización que realizarán "las empresas existentes en estos momentos en el mercado".

Las empresas que optarán a la comercialización tendrán que cumplir requisitos, por ejemplo un porcentaje importante de sus clientes tendrán que ser instituciones públicas. Con este porcentaje, que el Govern fijará para la contratación del servicio de comercialización, se quiere garantizar que la electricidad producida por la empresa pública revierta en Ayuntamientos y otras administraciones.

Respecto a las nuevas instalaciones para la generación energética, la nueva empresa se centrará "en la generación de energía renovable en espacios públicos o en aquellos en los que el mercado tradicional ha decidido no apostar por ellos, pero que son susceptibles de generar energías renovables". Estos posibles espacios en los que los grandes promotores energéticos no invierten -porque en principio son menos rentables- incluyen edificios públicos, infraestructuras, carreteras, embalses o canales.

"Se trataría de aprovechar los espacios antropizados -como techos de edificios públicos o espacios ocupados por infraestructuras de regadío que pueden ser cubiertos por placas solares- que ya están alterados desde el punto de vista paisajístico, para destinarlos a la producción de energías renovables", explica el Govern.

Las centrales hidroeléctricas, bajo control público

Una pieza clave de la nueva empresa energética de la Generalitat será la asunción de infraestructuras generadoras de electricidad ya existentes, como las centrales hidroeléctricas. Se prevé la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica o la participación en plantas de energía renovables ya existentes, especialmente centrados en la "energía solar", aunque también se potenciará la "biomasa y la geotérmica".

Pero la asunción del control de centrales hidroeléctricas supondrá que la nueva empresa pueda realizar funciones de suministro eléctrico en un corto tiempo a partir de su puesta en marcha en octubre. El principal ejemplo es el control que ejercerá la nueva empresa energética pública de tres centrales hidroeléctricas.

En este sentido, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha iniciado expedientes para revertir o extinguir las concesiones de tres hidroeléctricas situadas en Sant Quirze de Besora (comarca barcelonesa de Osona), Ripoll (comarca del Ripollès en Girona) y Bescanó (comarca del Gironès en Girona). Según el Govern será la nueva energética pública quien ejerza la gestión pública de estas infraestructuras. Aunque en algún caso será más adelante porqué la concesión tiene un plazo todavía vigente, pero también se han iniciado los trámites para pasar a control público.

En el caso de la toma de Sant Quirze de Besora, la concesión finaliza el 30 de julio de 2024, pero la ACA ya ha comunicado el inicio del expediente y ha requerido toda la documentación al titular. Por lo que respecta a la central hidroeléctrica de Ripoll, ha comenzado el proceso para la finalización y extinción del plazo concesional. Según el Govern, la concesión de Ripoll fue otorgada para un período de 75 años desde la puesta en servicio. Ahora, el Departament d’Acció Climàtica ha podido acreditar documentalmente que este aprovechamiento está en funcionamiento, como mínimo, desde del año 1946, por lo que ya ha transcurrido la totalidad del período establecido.

En el caso de la central hidroeléctrica Vilana en Bescanó, también se ha iniciado un expediente de extinción por incumplimiento reiterado de las condiciones ambientales de la concesión, después de diversas sanciones entre los años 2008 y 2021 por "el incumplimiento reiterado" del caudal del río.

Asimismo, la ACA tiene previsto revisar todos los expedientes de las concesiones hidroeléctricas en los ríos de las cuencas internas de Catalunya (aquellos ríos que no dependen del a Confederación Hidrográfica del Ebro) y comprobar la vigencia de las concesiones y el cumplimiento de los caudales ambientales.

Según el Ejecutivo catalán, las centrales hidroeléctricas generan hoy, según la pluviometría anual, entre el 50% y el 70% de la producción eléctrica renovable y entre el 8% y el 13% de la producción eléctrica total de Catalunya.

El exdiputado Ferran Civit al frente del proyecto

El grupo de trabajo que impulsa el plan para la creación de la energética pública catalana depende de la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El exdiputado de ERC y experto en temas de sostenibilidad, Ferran Civit, ha dirigido el estudio previo para la puesta en marcha y muy probablemente podría hacerse cargo de la dirección de la nueva empresa.

Según fuentes del Govern, "la energética pública será un elemento clave del nuevo modelo propio para acelerar la transición energética en Catalunya". El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 y llegar a la neutralidad de emisiones de carbono en 2050. "Es un modelo energético distribuido, democrático, con cohesión territorial y participado por la ciudadanía", aseguran.

Por este motivo, "es fundamental disponer de un instrumento público con capacidad inversora en la generación eléctrica, la distribución, los servicios de recarga del coche eléctrico, los servicios de almacenamiento, los servicios de agregación de demanda flexible y los servicios de comercialización ligados a estos nuevos modelos económicos" apunta el plan del Ejecutivo catalán.

El Gobierno contempla esta medida como la forma de vehicular la participación de la Administración en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable, y ayudar y participar en el desarrollo de comunidades energéticas renovables y ciudadanas; entrar en la gestión pública de las centrales hidroeléctricas de las que caduquen sus concesiones, y participar en la gestión de los servicios de recarga de vehículos eléctricos.

El acuerdo de investidura con la CUP

La constitución de una eléctrica pública forma parte del acuerdo de investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat firmado entre ERC y la CUP. El acuerdo establece la "creación de una energética pública para recuperar a control público la energía, capaz de incidir en todas las fases del sector eléctrico, para poder definir y planificar el modelo de transición energética". Y "trabajar para la recuperación de las hidroeléctricas con concesiones caducadas y las que finalicen en los próximos años".

Otro pilar clave de la estrategia energética del Govern en Catalunya es el fomento de la generación y el almacenamiento de energía por parte de la ciudadanía, las administraciones públicas, los hogares, las pymes o las entidades del tercer sector, que podrán optar hasta diciembre de 2023, a alrededor de 115 millones de euros en ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Buenos resultados en Barcelona Energia

Por su parte, el modelo de creación de empresas energéticas públicas se extiende por el ámbito municipal y destaca la del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque con una dimensión y objetivos muy diferentes que la empresa que proyecta la Generalitat, Barcelona Energia, la comercializadora pública de electricidad 100% renovable participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento de clientes del 38%.

La tendencia al alza ha supuesto alcanzar los más de 10.200 puntos de suministro en abril de 2022. En esta línea destaca el incremento de usuarios privados y de empresa después de que, en este último año, el acumulado de los puntos privados ha sido de un 103% superior a 2020, lo que supone doblar la cartera de clientes por tercer año consecutivo. La parte de usuarios privados registró un aumento del 89%, mientras que la de empresas fue del 483%.