Unai Romano hubiese preferido no aparecer jamás en un cartel. Pero hay veces que uno no elige: las cosas llegan. Lo que llegó a su vida fue la Guardia Civil. Un 6 de septiembre de 2001, para ser más exactos. Lo acusaban de colaborar con ETA, así que entraron a su casa de madrugada, lo metieron en un coche y lo trasladaron a Madrid. En pleno periodo de incomunicación, su rostro anónimo se desfiguró. Las fotos no mienten. No parece él, pero es él. Detrás de esos moretones, de esos ojos desfigurados por los golpes, de esos labios hinchados… estaba Unai Romano.

Su caso se convirtió en el ejemplo más sangrante de un drama que hoy, a las puertas de 2018, ha sido condensado por primera vez en un informe oficial elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno Vasco, en el que se reconoce la existencia de 4.113 casos de tortura en los últimos cincuenta años. Durante largos años, todos y cada uno de los párrafos que hoy aparecen en el informe oficial del Ejecutivo de Iñigo Urkullu fueron categóricamente rechazados o desacreditados por los sucesivos Ejecutivos en Madrid, tanto bajo el PP como con el PSOE. Nunca, absolutamente nunca, se planteó ni la más mínima duda sobre si las denuncias que formulaban las personas detenidas podían ser ciertas.

No se plantearon dudas con Romano. Tampoco cuando Mikel Zabalza –o mejor dicho, su cadáver- apareció flotando en el Bidasoa. Ocurrió un 15 de diciembre de 1985. Zabalza estaba entonces en manos de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo. Y de repente, apareció en un río. La versión oficial dice que se escapó, corrió y se ahogó. La acusación particular sostuvo que lo habían torturado. Su primo, que había sido detenido el mismo día y escuchó sus gritos desgarradores, también. Pero no pasó nada. Absolutamente nada.

El año pasado, el Gobierno Vasco sacó adelante una ley de víctimas de abusos policiales que hubiese permitido que Zabalza y otros tantos recibieran un reconocimiento oficial. Para ello, impulsó y consiguió aprobar una Ley de Víctimas de Abusos Policiales producidas entre 1978 y 1999. Tras conocerse su contenido, el gobierno de Mariano Rajoy actuó rápido. ¿Para aprobar reparaciones? No precisamente. Tribunal Constitucional mediante, el Ejecutivo del PP logró que la histórica normativa vasca fuese anulada en varios de sus preceptos. Y así sigue a día de hoy. “Están suspendidos cautelarmente algunos artículos”, confirmaron fuentes del gobierno de Urkullu a Público.

No era la primera vez que el gobierno y el TC hacían caer una ley a favor de las víctimas de la violencia policial. El 29 de diciembre de 2015, el consejo de ministros presidido por Rajoy anunció su recurso contra la referida norma por considerar que vulneraba “la presunción de inocencia y el principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Veinte días después, el TC cumplió los deseos del gobierno y la ley, tal como luego ocurriría con el texto aprobado por el Parlamento Vasco, caería en desgracia.

“Una historia negada”

El informe presentado el pasado 18 de diciembre por el Ejecutivo de Vitoria permite entender las claves de esas actuaciones por parte del gobierno. “La historia de la práctica de la tortura y malos tratos ha sido siempre una historia negada oficialmente”, advierte el documento oficial, en el que destaca que las “condiciones de incomunicación” que se aplicaban contra los detenidos por supuesta relación con ETA, así como la “falta de investigación” sobre las denuncias de tortura han impedido la persecución de esta lacra, “y por tanto también la prevención y el reconocimiento a las víctimas”.

“Desde la década de los años 80, muchas de las víctimas y personas que denunciaron haber sufrido tales prácticas fueron señaladas de mentir, querer difamar a las fuerzas de seguridad del Estado o incluso recientemente de seguir consignas de ETA para denunciar de forma sistemática torturas como una forma de propaganda”, señala este estudio, que próximamente será entregado por el gobierno de Urkullu a la comisión especial del Parlamento Vasco que trabaja en los ámbitos de Memoria y Convivencia.

Ese silencio también ha sido criticado por Amnistía Internacional (AI). Tras analizar el documento presentado por el Ejecutivo vasco, la organización de defensa de los derechos humanos denunció que las denuncias de torturas contra personas detenidas en el contexto de la lucha antiterrorista “no han sido debidamente investigadas o sancionadas”. “La falta de investigaciones exhaustivas sigue siendo la norma y, como consecuencia, la impunidad sigue vigente para las víctimas de tortura y malos tratos”, afirmó su director, Esteban Beltrán.

En un pormenorizado informe presentado en septiembre pasado, AI ya había advertido que “los sucesivos gobiernos hayan tendido a negar la existencia de casos de torturas y malos tratos a manos de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, atribuyendo muchas de las denuncias realizadas a estrategias dirigidas a minar la credibilidad de las autoridades”. “Amnistía Internacional lleva años denunciando que no existan datos oficiales a nivel estatal de cuántas personas han denunciado haber sido sometidas a tortura y otros malos tratos por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo aquellas denuncias dentro del contexto de la lucha contra ETA”, subrayó.

La reconocida ONG advirtió además que “tampoco existe información sistematizada y disponible por parte de fuentes oficiales sobre el número de procesos judiciales contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por delitos de tortura y otros malos tratos”. En tal sentido, hizo hincapié en que “el número de procedimientos judiciales emprendidos por casos de tortura evidencia que en España existe una escasa investigación sobre tortura”.

Condenas e indultos

En esa línea, el informe del Gobierno Vasco ofrece datos demoledores. A día de hoy existen “20 condenas firmes (9 casos contra miembros de la Policía y 11 contra miembros de la Guardia Civil)”, comprendidas a detenciones y torturas producidas entre 1979 y 1992. “A pesar de que algunos de los responsables fueron los mismos o actuaron en las mismas instalaciones, tampoco se dio ninguna investigación más amplia de dichas prácticas y los criterios sobre la autoría o responsabilidad por acción u omisión fueron distintas”, advierte.

Por ejemplo, el documento subraya que “muchas de estas sentencias reconocen que otros agentes de seguridad estuvieron presentes o tomaron parte en la tortura, pero ninguna colaboración de las autoridades del ministerio del Interior ni ninguna investigación interna se dio para poder identificarlos”. “Además, la identificación de los responsables supone que la carga de la prueba se pone la mayor parte de las veces encima de la víctima de torturas quien se encontraba en condiciones físicas y psicológicas de enorme impacto”, añade.

Sin embargo, el Estado fue bastante más diligente a la hora de aprobar indultos para los condenados por torturas. El informe subraya que hubo perdones gubernamentales “en al menos 12 ocasiones, conllevando un indulto al 50% de los condenados por torturas”. En tal sentido, remarca que “los indultos se dieron en dos gobiernos del PSOE y dos gobiernos del PP”.

La denuncia de Acebes

Además de liberar a varios condenados, el Estado también llegó a arremeter contra quienes denunciaban torturas. Ocurrió en el caso del director del diario Egunkaria, Martxelo Otamendi, quien involuntariamente propició un hecho sin antecedentes: en 2003, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, anunció públicamente que el gobierno se querellaría contra Otamendi por sus acusaciones.

El político del PP dijo que el responsable de Egunkaria –diario cerrado por la Audiencia Nacional en base a su supuesta vinculación con ETA, algo que posteriormente fue totalmente descartado por ese mismo tribunal- había seguido “a puntillas” una manual de esa organización “que aconseja a sus militantes que denuncien torturas cuando son detenidos”. El tiempo puso a cada uno en su lugar: la Audiencia Nacional archivó la denuncia del ministro, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber investigado las denuncias de tortura formuladas por el periodista vasco.

Del mismo modo, el entonces portavoz del movimiento pro-amnistía, Julen Larrinaga, y el abogado de Torturaren Aurkako Taldea (Grupo Contra la Tortura), Aiert Larrarte, fueron llevados a juicio en mayo de 2009 por haber dado a conocer en una rueda de prensa la denuncia de torturas formuladas por el bilbaíno Ibon Meñika. La Fiscalía pedía una multa de cinco mil euros para Larrinaga y Larrarte por “injurias a la Guardia Civil”. El caso finalmente fue archivado. Asimismo, Meñika fue llamado a declarar por denuncias falsas. También fue absuelto.

Preguntas al gobierno

Después de tantos años de silencio –y de permanentes intentos de descrédito contra quienes denunciaban malos tratos-, el informe del Gobierno Vasco ha provocado todo tipo de reacciones. La Fundación Egiari Zor, que trabaja en casos de víctimas de la violencia policial, dijo en una nota que la presentación de este estudio “evidencia cómo todos los que pudieron acabar con esta lacra, miraron hacia otro lado: jueces, forenses, políticos, medios de comunicación”. “Esta barbarie ha sido negada reiteradamente, y se ha permitido que esta aberración contraria a los DDHH y a la dignidad humana haya continuado viva, activa y haya sido el arma criminal contra un sector de la sociedad al que ha pretendido aniquilar”, remarcó.

Del mismo modo, el Foro Social Permanente, un grupo que ejerce tareas de mediación para tratar de consolidar el proceso de paz en el País Vasco, valoró “muy positivamente este trabajo”, que sentará las bases de la reparación institucional que las víctimas de la tortura merecen”.

Por su parte, EH Bildu ha anunciado que presentará una batería de preguntas en el Congreso para tratar de averiguar si el gobierno de Rajoy “tomará en consideración este informe y si piensa cambiar la actuación que ha tenido hasta ahora dándole carta de naturaleza y cobertura a la impunidad de la que ha gozado la tortura hasta el momento”. “Entendemos que el gobierno español debe de sentirse interpelado por el informe que ha hecho público el Gobierno Vasco sobre las más de 4.000 torturas desde 1960 y creemos que debería de abandonar la postura que ha mantenido hasta ahora; cada vez que le interpelábamos sobre esta materia negaba la existencia de la tortura”, afirmó la diputada Marian Beitialarrangoitia.

Malestar en sindicatos de la Ertzaintza

Donde no ha habido reacciones tan positivas ha sido entre algunos sindicatos de la Ertzaintza. El estudio dado a conocer el pasado 18 de diciembre incluye 336 denuncias contra la Policía Autonómica, algo que molestó profundamente a las centrales ERNE y SIPE. “No entendemos como esas cifras pueden ser avaladas por el Gobierno Vasco cuando no existe ni una sentencia condenatoria”, subrayó ERNE, mientras que SIPE fue aún más duro: el sindicato acusó al Gobierno Vasco de “hacer el juego sucio a los únicos que han torturado y asesinado, los terroristas de la mafia asesina etarra”. Por su parte, la sección del sindicato ELA en la Ertzaintza utilizó un lenguaje más calmado: a través de un comunicado, llamó al Ejecutivo presidido por Urkullu a adoptar “todas y cada una de las medidas que estén en su mano para garantizar que no exista nunca más ninguna denuncia de torturas o malos tratos”.