La pesadilla de J.T.B. está a punto de hacerse realidad. Esta mujer de 41 años, víctima de violencia machista y madre de dos hijos menores de edad, va a ser expulsada del piso de alquiler social donde reside en la calle Felicidad de Barakaldo (Bizkaia). Según ha denunciado la plataforma Berri Otxoak, detrás de este desahucio está la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco.

“Se trata de una familia que no cuenta con ninguna otra alternativa habitacional”, advierte Karmele Andrés, integrante del Centro Asesor de la Mujer “Argitan”, que funciona en el mismo Barakaldo donde este martes a partir de las 9.00 de la mañana está convocada una concentración de solidaridad y apoyo hacia la afectada.

En sendas comunicaciones enviadas este lunes a Alokabide (sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco) y al Ararteko (Defensor del Pueblo en la Comunidad Autónoma Vasca), se describen las dificultades que atraviesa esta mujer, madre de dos hijos de 15 y 6 años respectivamente.

Allí consta que el alquiler de la vivienda “estaba a nombre de su expareja”, a quien J.T.B. “denunció por violencia de género en varias ocasiones en el juzgado de guardia ante la Ertzaintza entre los años 2013 y 2017”. En ese contexto, la mujer notificó que “su expareja ya no residía en la vivienda y solicitó su cesión y uso en mayo de 2018”.

En su solicitud de amparo, la afectada advierte que de producirse este desahucio “se produciría una evidente vulneración del derecho fundamental invocado a una vivienda digna y a la protección superior del interés del menor”.

“Sin solución”

“Hay que tener en cuenta que esta mujer a lo largo de estos meses ha intentado dirigirse a los recursos sociales del consistorio (de Barakaldo) o el Servicio de Vivienda-Etxebide para evitar esta situación”, señaló Berri Otxoak en una nota. “La única respuesta que ha obtenido es una llamada telefónica el pasado 5 de julio donde se le comunicaba su desahucio para este martes 30 de julio, sin ningún otro tipo de dialogo o solución”, denunció.

Sostiene además que “se incumple la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” respecto a que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

A lo largo del lunes, Público intentó sin éxito contactar con la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco para conocer su posición ante este caso.