A pesar de remitir siempre a un estricto 'respeto' a los procesos judiciales, el Gobierno ha entrado en tromba en el caso Bárcenas para defender a los anteriores Ejecutivos del PP sobre presuntas adjudicaciones a los distintos empresarios que figuran en los papeles del ex tesorero nacional y que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La vicepresidenta se ha referido esta mañana, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a la serie de preguntas que el Grupo Parlamentario Socialista planteó en la Cámara Baja referidas a la presunta contabilidad B del PP.

Las cuestiones socialistas trataban de conocer al detalle las adjudicaciones que el Gobierno de José María Aznar concedió a los empresarios que figuran en los 'papeles de Bárcenas' y el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aprovechado esta batería para dar la vuelta a la tortilla. O, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, para demostrar 'los hechos', esto es, que los citados empresarios 'contrataron más' cuando gobernaba el PSOE.

La portavoz del Ejecutivo -que ha querido subrayar que el Gobierno lleva contestadas cerca de 19.000 preguntas en lo que va de legislatura- ha advertido a quienes acusan al PP de financiarse ilegalmente que 'no hay que anticiparse' y sacar conclusiones 'hasta que los hechos y los datos estén encima de la mesa. Nosotros sólo contestamos con hechos y éstos dicen lo que dicen', ha concluido.

Sacyr Vallermoso, FCC Construcción, Grupo Azvi, Constructora Hispánica, Aldesa, Sando o Rubau obtuvieron obras y servicios de Fomento que sumaron 4.202 millones de euros durante la presidencia de José María Aznar (1996-2004), según lleva informado el diario ABC esta semana, haciéndose eco de la respuesta del Gobierno a las preguntas del PSOE en el Congreso. Durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, las siete empresas facturaron 12.000 millones de euros, sobre todo, en la etapa de Magdalena Álvarez como titular de Fomento (2004-2009), que facturaron 7.867 millones.

Cuando el Ministerio lo dirigió José Blanco, que sucedió a Álvarez en abril de 2009 y se mantuvo hasta el final de la legislatura, las adjudicaciones ascendieron a 4.220 millones. Según la respuesta del Gobierno al PSOE, sólo Construcciones Rubau obtuvo menos contratos con los socialistas que con los conservadores, pasando de obtener 377,40 a 252,34 millones. Sobre OHL, cuyo presidente Juan Miguel Villar-Mir sí está imputado por el 'caso Bárcenas', el Gobierno no ha suministrado datos al Grupo Socialista.