Habrá ley de memoria democrática. El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para aprobar el proyecto del Gobierno que llevaba aparcado buena parte de la legislatura por falta de apoyos parlamentarios.

El partido soberanista vasco apoyará la nueva ley de memoria a cambio de cinco medidas concretas que ha conseguido incluir en la misma. Así, la Ley de Memoria reconoce ahora, entre otras medidas, a las víctimas de torturas policiales en el marco de la lucha contra ETA hasta 1983 o la declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria en el plazo de un año. 

"Pese a sus carencias y lagunas iniciales, durante las negociaciones de los últimos meses EH Bildu ha conseguido mejorar y complementar la Ley de Memoria Democrática con cinco avances importantes. Medidas que tendrán reflejo en una ley más completa, más ambiciosa y más respetuosa con los derechos humanos", ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. 

Las otras medidas contempladas en el acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno son la cesión del espacio y las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia; la constitución de una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista; así como la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del Golpe de Estado de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas.

El acuerdo permite al PSOE y Unidas Podemos alcanzar la mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática pese a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos y la falta de acuerdo con Esquerra, y es que el Gobierno también tiene atado el apoyo del PNV y de otros partidos como PdeCat, PNV o Más País. 

Aprobadas las enmiendas de Unidas Podemos 

Asimismo, este martes también se han aprobado todas las enmiendas presentadas por UP que permitirán la aplicación del derecho internacional a la Ley de Amnistía, la creación de un censo de víctimas del franquismo y de una oficina de víctimas de la dictadura, garantizar el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo, el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas, que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan solicitar la nacionalidad española, la supresión de los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista o la introducción de estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.