El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que el Ejecutivo analizará, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal de 1995.

En este sentido, el portavoz sugiere la posibilidad de actualizar el ordenamiento jurídico para la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso.

La petición de Catalá se ha producido, según ha explicado el ministro portavoz, tras la sentencia de la Audiencia de Navarra que ha condenado a cada uno de los cinco jóvenes conocidos como La Manada a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual.

En ese sentido, el Pleno del Congreso ha anunciado que el próximo 8 de mayo decidirá si admite a trámite una proposición de ley del PP que plantea la reforma de varios artículos del Código Penal y que los grupos parlamentarios podrían aprovechar para introducir cambios en los tipo penales relativos a la agresión o el abuso sexual.

La polémica sentencia que ha condenado a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual, pero no de agresión, contra una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 ha abierto un debate sobre la conveniencia de perfeccionar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal.

En este contexto, tanto desde el Gobierno como desde el PSOE o Unidos Podemos han puesto sobre la mesa la oportunidad de revisar los artículos relativos a los delitos contra la libertad sexual y debatir si es necesaria una actualización de los mismos, un proceso que ya se ha llevado a cabo en varios países de la Unión Europea.

La proposición de ley del PP, cuya admisión a trámite se debatirá en el próximo Pleno del Congreso, no trata estos temas pero sí podría utilizarse como percha para revisar los citados tipos penales sin tener que el esperar a que el Gobierno o los grupos parlamentarios presenten iniciativas legislativas específicas para ello.

En concreto, la ley que defenderá el PP prevé la transposición de varias directivas europeas sobre asuntos que van desde el tráfico de órganos a la lucha contra el terrorismo o la corrupción, el fraude financiero o la falsificación de moneda.