Pazo de MeirásEl Gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre el Pazo de Meirás

El Gobierno recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás, que ratificó que es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

La Abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos

de la sentencia que ha permitido apreciar errores de interpretación o

alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda. La sentencia

afirma erróneamente que la Administración General del Estado había

reconocido en su demanda la fuena fe de los herederos del dictador y de ahí

se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad, según el Gobierno.

La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del

Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la

posterior liquidación del estado posesorio, señalan. El Gobierno cree que el fallo "es favorable a las principales pretensiones del Gobierno", al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado, pero también "reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble". 

La Audiencia Provincial de La Coruña declaró que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado al entender que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco. Así, condenaba a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero al mismo tiempo les reconoció el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio.

La entrega del histórico edificio se ha formalizó el pasado mes de diciembre después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, hiciera entrega del mismo a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de septiembre, en la que se acordó que el inmueble es un bien público.