El Gobierno de Pedro Sánchez continúa haciendo frente a las leyes de memoria aprobadas por PP y Vox en diferentes territorios. Según informan fuentes de Moncloa, el Ejecutivo elevará esta cuestión "por su gravedad" a las principales instancias europeas e internacionales como la ONU y la UE. 

La decisión se suma al anuncio de posibles recursos al Tribunal Constitucional (TC) a las medidas en Aragón, Castilla y León y País Valencià que impulsan ya desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres. 

De este modo, el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas. El objetivo es que se "evalúe la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos". 

En el Parlamento Europeo se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo Socialdemócrata.

También se acudirá al Consejo de Europa para invocar la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Se promoverán diferentes actuaciones como "un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox". 

En los planes del Gobierno se incluye informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación". Del mismo modo se solicitará la elaboración de un Informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de estas leyes de derogación por parte de la derecha. 

El pasado martes, el ministro Torres llevó al Consejo de Ministros un informe de memoria democrática con las principales líneas a seguir en esta materia. En la rueda de prensa, el ministro avisó a PP y Vox. La ley aragonesa, como el propio Torres señaló, incluye la eliminación de los mapas de fosas comunes existentes en dicho territorio.

Esto puede poner en riesgo el trabajo de las exhumaciones de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Ante eso, el ministro aseguró que se incluirá "de oficio" en la ley de memoria democrática estatal ese mismo mapa. Es decir, que actuará para evitar que se dejen de producir unas exhumaciones contempladas en la legislación estatal.

Al tiempo que Moncloa ha hecho este anuncio, Sánchez ha visitado el laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros. Según ha informado el Gobierno, el presidente ha  conocido de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo para la exhumación de 160 víctimas, cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional. 

En el laboratorio, el equipo forense les ha explicado las labores que allí se realizan consistentes, principalmente, en la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, así como la elaboración de informes, fotografías y videos del proceso.