El Gobierno recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no informar sobre la presencia de los GEO en embajadas

La Ley de Secretos Oficiales aprobada por la dictadura franquista vuelve a servir de fundamento al Gobierno para rechazar una solicitud de información. En este caso, el Ejecutivo se ha aferrado a esa norma –cuyo futuro está ahora en manos del Congreso– para tumbar la solicitud formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu sobre las actuaciones del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional en el exterior. 

A través de dos preguntas escritas, el representante de la coalición abertzale buscaba información acerca del número de agentes de ese cuerpo de élite desplegados en "embajadas, consulados y misiones en el exterior" tanto en la actualidad como en los últimos diez años. Asimismo, Iñarritu había formulado otra pregunta sobre las actuaciones realizadas por los GEO entre 2011 y 2020, tanto a nivel nacional como internacional. 

El Ejecutivo ha redactado una sola respuesta para las tres preguntas. En el documento remitido al diputado vasco, señala "la información solicitada del despliegue de agentes policiales de la unidad GEO en embajadas, consulados y delegaciones en el exterior, así como el tipo de intervención que han realizado, se circunscribe en la garantía de la Acción Exterior y la Seguridad Pública", remarcando que así está contemplado en la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en 2015.

Seguido, el Gobierno cita la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista –vigente a día de hoy–, destacando que "pese al principio de publicidad que ha de regir para los órganos del Estado, se establecen excepciones para aquella materia considerada clasificada". En concreto, destaca que esa norma "establece la clasificación concreta de aquella materia relacionada con la seguridad o defensa del Estado".

En ese contexto, reproduce el párrafo concreto de esa ley –empleada también para garantizar el secretismo en torno a la venta de armas al exterior– donde se indica que "podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". El Ejecutivo añade que en esas categoría "se incluye la información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España como en misiones internacionales".

Más de 400 intervenciones

En el documento remitido a Iñarritu solamente hay una respuesta parcial a la pregunta sobre el número de intervenciones efectuadas por los GEO desde 2011. Sobre ese punto, el Gobierno se limita a informar que "desde el año 2011 a 2020 se han realizado 417 intervenciones". No especifica cuántas se produjeron en territorio nacional y cuántas en el extranjero, tal como había sido solicitado por el diputado. Tampoco hay ninguna referencia a los objetivos que perseguían esas actuaciones. 

En su página web, el Ministerio de Interior señala que "las operaciones en las que interviene el G.E.O. son aquellas que otros miembros de la Policía Nacional no pueden realizar debido a su alta peligrosidad o en las que se exige una especial cualificación". En concreto, se cita la "liberación de personas secuestradas o tomadas como rehenes", la "reducción o neutralización de los integrantes de bandas terroristas, grupos armados o delincuentes peligrosos" o la "apertura y entrada en los lugares utilizados por los componentes de bandas terroristas y de grupos de delincuencia organizada".

Efecto "disuasorio"

Ese grupo también tiene entre sus objetivos "ejecutar los dispositivos de protección de personas y bienes que se les encomienden y precisen una especial cualificación" o "prestar servicio de seguridad en las sedes de las representaciones diplomáticas y consulares de España en el extranjero, cuando se considere oportuno", además de "realizar reconocimientos subacuáticos tendentes a la búsqueda de víctimas, artefactos explosivos o cualquier otro efecto utilizado para la comisión de un hecho delictivo", así como ofrecer "cualquier servicio cuya ejecución precise una especial cualificación".

"Estas operaciones se justifican por el efecto disuasorio, intimidatorio y resolutivo de los integrantes de la unidad, reduciendo el riesgo al mínimo ante una posible respuesta de los delincuentes", añade Interior.