El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional una ley de la Comunidad de Madrid que regula el apoyo a las personas adultas con discapacidad porque a su juicio invade competencias del Estado, limitando los derechos regulados en la ley de eutanasia, una norma estatal.

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, ha anunciado el recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha explicado Rodríguez, "la norma autonómica realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica y se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica. Entendemos que está afectando a una ley en vigor, como es la ley de eutanasia, limitando los requisitos para acceder a los derechos que garantiza esta ley".

Con la norma madrileña, que entró en vigor en febrero, el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso obliga a las personas con discapacidad a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir, aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas, según ha adelantado la Cadena Ser.

El Gobierno central considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al Estado.

Isabel Rodríguez ha explicado que la ley de la Comunidad de Madrid quedará suspendida provisionalmente, a expensas de lo que decida al respecto el Tribunal Constitucional en su momento.