El Gobierno de coalición promete reaccionar ante el duro informe del relator de la ONU para la extrema pobreza sobre la situación en España, que en la última semana ha levantado ampollas. 

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y del Ministerio de Trabajo aseguran a Público que el Gobierno planea efectuar "las modificaciones necesarias" para dotar de nuevos poderes a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que así esta pueda "personarse e intervenir" en infraviviendas de trabajadores eventuales del campo. 

Explican que la actual legislación "no permite" comprobar las condiciones de estas viviendas, salvo que lo permita "expresamente" el empresario agrícola, y por tanto no se puede "garantizar su dignidad y sus derechos". "Esto está generando situaciones de chabolismo y semiesclavitud intolerables en la cuarta economía de la zona euro", abundan.

Iglesias y Díaz han abordado esta cuestión este viernes, en una reunión con sindicatos agrarios, en la sede de Trabajo. En el mismo encuentro se han comprometido a rebajar de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. 

Es la primera respuesta concreta al informe del relator especial Philip Alston, que denunció en su informe las pésimas condiciones de trabajo y vivienda que se ven obligados a afrontar trabajadores eventuales en el campo de Huelva. Según Alston, en ocasiones estas son "mucho peores que las de un campo de refugiados". 

El relator de Naciones Unidas dio a conocer su informe la semana pasada, tras viajar durante seis días por seis comunidades autónomas. En él retrata "dos Españas muy distintas" con un porcentaje muy alto de la población "viviendo al borde de sus posibilidades". 

El propio vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha incidido en sus intervenciones de esta semana en el Congreso de los Diputados en la importancia de la durísima situación expuesta en el informe. Lo hizo en la sesión de control al Ejecutivo, el martes, y también en su comparecencia a petición propia en comisión, el jueves. 

"El Gobierno de España no va a permanecer impasible ante este informe, que supone una vergüenza para nuestro país", inciden las fuentes citadas. No han concretado cómo o cuándo se efectuarán estas modificaciones normativas.