El Gobierno se marca como prioridad para 2022 que la ciudadanía perciba la recuperación económica y social

"Hay un objetivo trascendental para el Gobierno de cara a 2022: la recuperación económica y social", afirma a Público un destacado dirigente de La Moncloa, quien también apuntó que el fin último es que dicha recuperación llegue y la perciban los ciudadanos.

Fuentes del Gobierno consultadas indicaron que toda la labor del Gobierno para 2022 estará centrada en este fin como primordial en lo que consideran el inicio de la segunda parte de la legislatura, porque existe la plena convicción de que no habrá elecciones generales hasta finales de 2023 una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado.

Los medios para esa ansiada recuperación económica y social vendrán a través de las medidas, muchas de ellas ya aprobadas en la recta final de 2021, pero que todavía tienen que ser ratificadas en Congreso y Senado, y otras nuevas de muy marcado carácter económico.

En este aspecto, el Gobierno quiere convertir los fondos europeos en la herramienta fundamental para su acción política. De hecho, quedan por presentar en 2022 varios e importantes Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que están dotados con una lluvia de millones de fondos europeos.

El Gobierno está obsesionado con que estos fondos sean útiles, se utilicen bien y lleguen al tejido social, a la vez que supongan el gran salto modernizador del país. Y se considera un logro haber desbloqueado su llegada, al cumplir con los 54 requisitos que exigía la Unión Europea.

Además, según las fuentes consultadas, también se centrarán gran parte de los esfuerzos en 2022 en la preparación de la cumbre de la OTAN, prevista para finales de junio. Y, al mismo tiempo, ya se está en los trabajos preliminares para preparar la Presidencia española de la UE, prevista para el segundo trimestre de 2023.

Fuentes del Gobierno indicaron que todo ello irá acompañado de las medidas legislativas que quedan pendientes, con el compromiso firme de que se cumplirán los acuerdos del Gobierno de coalición hasta el final de la legislatura.

Desde el Gobierno se indica que estas medidas legislativas irán aprobándose a lo largo del año con el único criterio de que haya consenso entre los socios y cuenten posteriormente con apoyo parlamentario. En ese sentido, negaron algunas acusaciones que se atribuyen a Unidas Podemos en torno a que la parte socialista del Gobierno estaba frenando sus iniciativas. "Vamos a cumplir lo acordado y la palabra dada", aseguran fuentes cercanas al presidente del Gobierno.

Aquí el principal escollo puede ser la reforma fiscal, que está pendiente del informe de los expertos previsto para febrero. Pero hay un compromiso de incluirla en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Aquí las diferencias entre ambos socios de Gobierno son más evidentes. No obstante, desde el Ejecutivo se insiste en que se afrontará el debate, como otros que habido en estos dos años, y se llegará a un acuerdo.

Unidas Podemos recuerda los temas pendientes

En este sentido, desde la parte de Unidas Podemos en el Gobierno se es más exigente en este asunto y en otros que quedan pendientes. La formación morada recuerda que las medidas pendientes en los ministerios de Unidas Podemos no solo tienen que ver con el calendario legislativo de 2022, sino que hay varias normas que ya estaban listas en 2021 (algunas incluso con varios trámites para su aprobación completados), pero que no han sido aprobadas.

Este es el caso de la ley de Vivienda, una norma pactada y redactada por el Ministerio de Derechos Sociales y por el Ministerio de Transportes. Aunque la norma se aprueba en primera lectura en el Consejo de Ministros a finales de octubre, no es hasta principios de diciembre cuando Transportes remite el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el denominado trámite de consultas, por lo que su aprobación definitiva se dará en 2022.

Este también es el caso de la ley de protección animal (también elaborada por Derechos Sociales). La norma está preparada desde primeros de octubre, y el contenido está ya negociado con los distintos ministerios implicados (incluido el de Agricultura, que ha sido el principal escollo en el proceso de elaboración de la ley).

En este momento depende de La Moncloa que se lleve al Consejo de Ministros, aunque la previsión sería la de aprobarla en la segunda quincena de febrero (después de las elecciones de Castilla y León, una comunidad donde la práctica de la caza es habitual).

Del Ministerio de Derechos Sociales también saldrá en 2022 la denominada ley de familias, una de las medidas estrella para Unidas Podemos. Otra norma que estaba lista en 2021 pero que no llegará hasta el próximo año es la ley trans, elaborada por el Ministerio de Igualdad.

El departamento dirigido por Irene Montero mandó la ley, ya cerrada en sus contenidos, a Justicia a finales de octubre (el Ministerio de Justicia es quien remite las leyes a los órganos consultivos constitucionales). El ministerio de Pilar Llop no remitió la ley a los órganos consultivos hasta mediados de diciembre (alegando falta de personal) y se está a la espera de que estos órganos la devuelvan para poder llevarla al Consejo de Ministros.

Tras acabar el 2021 con el acuerdo sobre la reforma laboral, la Vicepresidencia de Trabajo tiene proyectadas dos importantes medidas para el próximo año: la denominada ley de usos y tiempo en el trabajo (que regulará la conciliación laboral) y el estudio para relacionar el impacto de la precariedad en la salud mental, una iniciativa que fue avanzada por Público.

Unidas Podemos espera que todo ello salga adelante en 2022 y, según fuentes de la parte socialista del Gobierno, hay clara voluntad de hacerlo en este tiempo. Porque lo que ambos partidos han asumido es que 2022 será un año de trabajo, para seguir gobernando y que ninguno quiere ir a un adelanto electoral. Pedro Sánchez lo dejó muy claro en su comparecencia para hacer balance de estos dos años: "Garantizo que se acabará la legislatura", afirmó.