Las incógnitas sobre en qué momento concreto el Gobierno tuvo conocimiento de ataques a dispositivos móviles de sus integrantes continúan. Moncloa hizo público el pasado lunes la información de que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados en mayo y junio del pasado año. Pero algunos medios de comunicación ya habían destacado que en 2020 se había iniciado una investigación sobre un posible hackeo a los terminales de los ex ministros Juan Carlos Campo y Arancha González Laya. Según indica una respuesta parlamentaria efectuada el pasado mes de marzo, Defensa no negó que se hubiera producido ese "incidente" y señalaba que ya se estaba investigando aunque poco después evitó dar más detalles escudándose en la ley de secretos que afecta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así consta en una respuesta parlamentaria realizada tras una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu y que fue trasladada el registro del Congreso de los Diputados el pasado 26 de enero. En ella, el diputado vasco destacó que en agosto de 2020 se hizo público que el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno estaba investigando el hackeo de teléfonos móviles de ministros y altos cargos. Entre ellos, los de Campo y González Laya. 

Moncloa nunca llegó a confirmar de manera oficial, pese a las informaciones publicadas. Tampoco lo ha hecho durante los últimos días. Desde el Gobierno insisten en señalar que solo han anunciado los "hechos que se han constatado". Es decir, ese "ataque ilícito y externo" que habrían sufrido los dispositivos de Sánchez y Robles. Sin embargo, Iñarritu preguntó en enero cuál había sido el resultado de esa supuesta investigación, cuál fue el software usado, cuántos miembros del Gobierno habrían sido afectados por el espionaje o si se había denunciado de alguna manera. 

La respuesta al parlamentario de EH Bildu no llegó hasta el pasado 2 de marzo. "En relación con la pregunta de referencia, desde el Ministerio de Defensa se informa de que el resultado de las actuaciones realizadas, en relación con el incidente objeto de la iniciativa, ha sido trasladado a las autoridades pertinentes para que adopten las medidas que, en su caso, consideren oportuno", señaló de forma escrita el Gobierno de Sánchez. 

Es decir, el Ejecutivo, a través de Defensa, no negaba los hechos sino que además destacaba que había sido trasladado a las autoridades para que lo estudiaran. No se dio por vencido entonces Iñarritu. El 7 de marzo, cinco días después, registró otra pregunta al Gobierno.

En realidad, fueron un total de 10 según consta en el propio documento. "¿Por qué si reconoce el incidente el Gobierno no ha respondido a las preguntas realizadas en la interpelación? ¿Considera que esa respuesta es acorde con los principios de transparencia y de respeto a la actividad de control parlamentaria?", señalaba la primera de ellas.

Iñarritu insistió en conocer el resultado de la investigación, el software usado, cuántos miembros fueron afectados o si se habían iniciado acciones judiciales. "¿Qué medidas se han tornado para evitar este tipo de ataques informáticos?", preguntó también el diputado vasco. "¿Se han producido mas ataques de este tipo contra miembros del Ejecutivo? ¿Cuándo y contra quiénes?", remató. 

La respuesta esta vez tardó menos en llegar. Lo hizo el 4 de abril, hace apenas un mes. "En relación con el asunto interesado, se señala que el Gobierno, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como no puede ser de otro modo, actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente, y se somete a los distintos controles (económicos, judiciales y parlamentarios) previstos en la legislación, tal y como ordena expresamente el artículo 2 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI (Ley 11/2002)", destaca el texto. 

El Gobierno se refirió también al artículo 5.1 de la Ley 11/2002. "Las actividades del CNI, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos". 

Y, por último, remitía, "dada la clasificación de secreto que caracteriza legalmente a la información relacionada con las actividades del CNI", a realizar "el control parlamentario de las mismas" a través del "órgano legalmente destinado a ese fin en el Congreso de los Diputados: la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados". 

El Gobierno se escudó también en la ley al estallar, pocos días después, el 'caso Pegasus' que afectaba a dirigentes independentistas y vascos, entre ellos el propio Iñarritu. Lo hizo desde el mismo momento en que saltó a la información pública y emplazando a dar las explicaciones necesarias en la mencionada Comisión de secretos del Congreso. Ese momento tuvo lugar este jueves, con la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, que siguió sin convencer a los partidos habituales socios del Ejecutivo como ERC o EH Bildu. 

Y pese a que la ley en teoría impedía al Gobierno hablar de Pegasus, el pasado lunes, día festivo en Madrid, Moncloa convocaba sorpresivamente una rueda de prensa para anunciar públicamente que los teléfonos de Sánchez y Robles, ahora sí, habían sido espiados. Una contradicción con la línea mostrada hasta entonces que fue afeada por algunos grupos parlamentarios en la comparecencia que realizó Robles en la Comisión de Defensa el pasado miércoles. 

El Gobierno negó el espionaje el pasado año

Según medios como El País o El Confidencial, González Laya también fue espiada la pasada primavera. Unos hechos que tampoco ha confirmado Moncloa por el momento. Su papel en la crisis con Marruecos y la acogida del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, han alimentado las teorías que apuntan al país vecino como el origen del espionaje con el sistema Pegasus.

Las fechas en las que el móvil de Sánchez fue espiado, el 19 y el 31 de mayo, coinciden con los momentos de mayor tensión entre ambos países. En el Gobierno consideran que "no deben hacer conjeturas no probadas" sobre los autores de los ataques. 

Iñarritu también preguntó por aquellas fechas sobre el presunto espionaje a raíz también informaciones publicadas el año anterior que afectaban a dirigentes presuntamente espiados con Pegasus como Roger Torrent . Fue justo entre medias de los pinchazos telefónicos, el 25 de mayo. La respuesta llegó el 16 de junio. "En el Departamento de Seguridad Nacional no hay constancia de denuncias, ni datos que avalen la existencia de ataques con el programa Pegasus a ciudadanos españoles", respondió el Gobierno. Hoy se sabe, según anunció el propio Ejecutivo, que sí los hubo.