El Gobierno de coalición se estrena en materia económica con dos clásicos de la alianza entre el PSOE y Sumar: la subida del SMI y un choque entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño a cuenta de la política económica que debe seguir el Ejecutivo. 

Este jueves el Ministerio de Trabajo convoca a los agentes sociales a la primera reunión para iniciar el proceso que culmine en una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Se trata de uno de los compromisos firmados entre los socialistas y Sumar, y una de las prioridades del departamento dirigido por Díaz.

A diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez todos los actores implicados tienen un consenso sobre la necesidad de subir los salarios más bajos y, a priori, no parece que haya ninguna posibilidad de que se produzca un choque por esta cuestión. Pero esta colisión sí que se puede dar en otro elemento clave: la cuantía de la subida.

En el Ministerio de Trabajo acuden a este encuentro con un doble objetivo: situar el SMI en el 60% del salario medio y garantizar que el incremento cubre la pérdida de poder adquisitivo que sufren en la actualidad los trabajadores que perciben los sueldos más bajos.

Estos dos elementos forman parte del acuerdo de Gobierno rubricado entre Sánchez y Díaz, y ahora Sumar quiere darle cumplimiento. El proceso se iniciará con esta reunión de los agentes sociales y seguirá con la convocatoria del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, que elaborarán un informe sobre los efectos del SMI a la hora de combatir las desigualdades salariales y económicas, especialmente las brechas de género.

El choque entre Díaz y Calviño

En este informe también se espera que se incorpore un estudio que ligue la subida con el coste de la vida (que se mide a través del IPC), y que sirva como base para negociar con patronales y sindicatos.

La negociación empieza apenas 24 horas después de que se haya producido un choque entre los departamentos de Economía y de Trabajo, en este caso a cuenta del subsidio por desempleo. Calviño ha esbozado una propuesta para reducir de manera progresiva este subsidio (la prestación que cobran las personas en paro cuando agotan la prestación contributiva) con el objetivo de "controlar" su grado de activación en el mercado laboral y su búsqueda de empleo.

Con este sistema se penalizaría a aquellos desempleados de mayor duración que, a criterio de la Administración Pública, no se esfuerzan de manera adecuada en regresar a su ciclo laboral. Yolanda Díaz ha dado un sonoro portazo a esta propuesta y ha mostrado su total disconformidad con la misma.

La vicepresidenta segunda no sólo rechaza el recorte del subsidio, sino que defiende su ampliación y la simplificación de la burocracia para acceder al mismo, con el objetivo de que los desempleados tengan garantizado plenamente este derecho (en la actualidad, su cuantía es de 480 euros).

Díaz impulsó desde Trabajo en la legislatura pasada todo un modelo de políticas activas de empleo que representa la antítesis de la reforma que propone Calviño. El equipo de la vicepresidenta segunda considera que hasta ahora las políticas activas en España han partido de una suerte de estigmatización del desempleado que traslada la culpa del desempleo al propio trabajador, lo que provoca que los poderes públicos no asuman su responsabilidad constitucional de buscar el pleno empleo.

La antítesis del modelo de políticas activas de empleo

Para Sumar y para la vicepresidenta segunda, el recorte del subsidio por desempleo que propone Calviño (que aspira a penalizar un eventual escaso grado de implicación en la búsqueda de trabajo) supone una enmienda a este modelo. 

"Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad. Les garantizo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que desde esta Vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo", aseguró este jueves la vicepresidenta, que también advirtió a su compañera del Consejo de Ministros que las competencias en esta materia recaen en su departamento.

La legislatura ha echado a andar y, como si se tratara de un ciclo, lo ha hecho con una batalla por el rumbo económico del Ejecutivo entre Calviño y Díaz, y con una negociación para actualizar el SMI.