De aquellos polvos, estos lodos. Una medida excepcional concebida en la Constitución para afrontar con urgencia situaciones imprevistas o de necesaria solución inmediata, como es un decreto-ley, ha ido rodando con el tiempo hasta convertirse en una herramienta gubernamental habitual y de gatillo fácil. El último decreto-ley culmina este proceso al modificar 29 leyes de un plumazo.

Batiburrillo, macrodecretazo, decreto ómnibus... El nuevo artefacto legal ha recibido todo tipo de calificativos. Incluso hasta Diktat, como se denomina a los textos legales que se imponen sin permitir un mecanismo de participación, consulta o negociación. Ejemplo de Diktat es el Tratado de Versalles, impuesto en 1919 al término de la I Guerra Mundial, o las constituciones que Napoleón Bonaparte tenía a bien sembrar por Europa, como fue el Acte Constitutionnel de l'Espagne con el que coronó a su hermano José, Pepe Botella.

El decreto-ley tiene una virtud: elude la engorrosa fase previa de escuchar a los ciudadanos y operadores afectados —dándoles trámite para que participen y opinen a través de informes— con el fin de elaborar un anteproyecto de ley que luego es sometido al debate parlamentario, a su enmienda, a la publicidad... En su lugar, un decreto-ley se tramita por la vía de urgencia y luego se convalida fácilmente en las Cortes Generales ya que sólo requiere mayoría simple.

En las sociedades democráticas es raro encontrar un Gobierno que apruebe una norma de importancia sin la participación directa de los sectores más afectados.

Este decreto-ley es visto por Eduardo Virgala, catedrático de Derecho Constitucional, como el resultado de décadas de permisividad del Tribunal Constitucional hacia el poder Ejecutivo.

Desde la década de los años 80, el Constitucional 'ha dado manga ancha a los sucesivos Gobiernos', de tal forma que ha ido convalidando cuantos recursos se interponían contra los decretos-ley que se aprobaron por las administraciones de uno y otro signo. 'El Gobierno sólo tiene que demostrar que se está ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad', explica Virgala, conforme al artículo 86 de la Constitución. Por permitir, incluso el TC ha convalidado que las razones de urgencia y la necesidad sean aportadas de forma verbal durante el trámite de convalidación parlamentaria.

A su juicio, el último decreto-ley es el resultado de este largo tiempo de permisividad en las que el TC no ha ejercido su labor de control del Ejecutivo. Incluso convalidó en 2011 el hábito de los gobiernos de utilizar  la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para modificar diversas normas vigentes.

El rodillo del PP convalidó este jueves el Decreto-ley en el Congreso. Pero tuvo que ceder para tramitarlo como proyecto de ley, ante la escalada de protestas de la oposición. Esto es, discurrirá por las Cortes por la vía de urgencia, con el estudio por parte de una comisión y la posibilidad de introducir cambios frente al rodillo popular. Ahora bien, los diputados que la integren tendrán que ser multifunción dadas las 51 materias que abarca este artefacto legal.

La oposición socialista ha anunciado que interpondrá recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, estos recursos no suspenden las leyes estatales aprobadas, por lo que las medidas estarán vigentes hasta que el Tribunal Constitucional resuelva ese recurso. La solución, dentro de varios años: hasta diez años ha tardado el TC en dictar sentencia.

El Gobierno se ha escudado en que en estos 40 años de democracia el recurso al decreto-ley se ha utilizado hasta en 560 veces. Las medidas urgentes son para fomentar la economía e incluyen la movilización de 11.000 millones de euros para un tren que hay que coger. Pero cada ministerio aprovechó que pasaba por ahí el decreto-tren y empezaron a introducir otras reformas en cartera, conscientes de que el próximo año es electoral y no conviene adoptar medidas poco populares. Hasta Justicia coló la privatización del Registro Civil, tras 150 años de vigencia. Se desconocen las razones de urgencia, más allá de explicar que 'dejará de ser una carga' para los Presupuestos Generales del Estado la vida jurídica de los españoles. El resultado de tanta aportación ha sido el macrodecretazo.

Leyes que modifica el Gobierno

El decretazo se presenta como una batería de medidas urgentes encaminadas a fomentar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Abarca desde la privatización del Registro Civil y AENA, a la modificación de la educación militar, la liberalización de los horarios comerciales en ciudades medianas, la creación de un fichero específico para que los jóvenes en paro no cuenten en la estadística oficial de desempleo, la cuarta reforma de las Empresas de Trabajo Temporal, el mercado del gas... y hasta la reforma de los faros para convertirlos en hoteles.

En concreto, el decreto-ley 8/2014 modifica las siguientes leyes:

1) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

2) Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos.

3) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

4) Real Decreto-ley 12/1978, de 27de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de aviación.

5) Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

6) Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

7) Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

8) Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

9) Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

10) Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.

11) Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

12) Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

13) Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

14) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

15) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

16) Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

17) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

18) Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

19) Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

20) Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

21) Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

22) Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

23) Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

24) Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

25) Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

26) Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

27) Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

28) Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

29) Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Traspone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE...

... Y modifica otras dos normas

1)    Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
2)    Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974.

Materias afectadas

Administraciones Públicas. Aeronaves. Aeropuertos y aeródromos. Ayudas. Cinematografía. Comercio. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Concesiones administrativas. Contratos de trabajo. Controladores aéreos. Cotización a la Seguridad Social. Empleo. Empresas de trabajo temporal. Empresas públicas. Entidades de crédito. Estatuto de los Trabajadores. Ferrocarriles. Ficheros con datos personales. Fondos de dinero. Fuerzas Armadas. Gas. Haciendas Locales. Hidrocarburos. Hipoteca. Horario comercial. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Instituto de Crédito Oficial. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Juventud. Minas. Navegación aérea. Pagos. Pequeña y Mediana Empresa. Política económica. Política energética. Precios. Préstamos. Procedimiento sancionador. Productos petrolíferos. Puertos del Estado. Registro Civil. Registro Mercantil. Registros administrativos. Registros de la Propiedad. Sistema Nacional de Empleo. Tarifas. Tasas. Terremotos. Trabajo. Turismo. Viviendas.