La financiación autonómica vuelve a entrar con fuerza en la agenda política. El Gobierno forzará a las comunidades autónomas –la mayoría, 11, gobernadas por el PP–a lograr el equilibrio presupuestario en 2024, si la mayoría de los populares en el Senado tumba la senda de déficit público para los próximos tres años, que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, ha comunicado este martes formalmente a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que en 2024 podrán incurrir en un déficit del 0,1% del PIB, pero al mismo tiempo les ha dejado claro que les quitará ese margen fiscal si los objetivos de estabilidad presupuestaria no son aprobados por las Cortes, es decir por el Congreso y por el Senado. 

Lo mismo le ocurriría a las entidades locales –Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos– para las que se ha fijado equilibrio presupuestario, en lugar del superávit del 0,2% del PIB establecido previamente.

Hacienda cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que si la senda de déficit no es aprobada por ambas Cámaras legislativas (como establece la ley de estabilidad presupuestaria), los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026 de abril, lo que obligaría ajustar presupuestos autonómicos y municipales.

El informe de la Abogacía del Estado avala asimismo que el Gobierno presente los presupuestos de 2024 aunque no haya un objetivo de déficit para el próximo año aprobado por las dos Cámaras legislativas.

De momento, las 12 comunidades gobernadas o cogobernadas por el PP han votado en contra del objetivo del 0,1% del PIB para 2024 y han centrado sus quejas en la bilateralidad establecida con Catalunya, cuya consejera de Hacienda no se ha presentado en la reunión.

Montero asegura que se condonará deuda a todos

Montero ha negado la existencia de dicha bilateralidad con Catalunya y ha asegurado que en enero empezará a hablar con todas las comunidades con vistas a la elaboración de una ley "para la asunción" por parte del Estado de parte de la deuda autonómica adquirida durante la crisis financiera iniciada en 2008.

La ley se aplicará a todas las autonomías de régimen común, tanto para deuda con el fondo de liquidez autonómica (FLA) del Estado como para aquella suscrita con entidades financieras.

El objetivo, según Montero, es que las comunidades vuelvan a ser financieramente autónomas y puedan recurrir a los mercados nuevamente.

Los presupuestos de 2024 incluirán un importe récord para las comunidades autónomas de 154.467 millones de euros del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 14,9% más respecto a 2023.

La cifra incluye los 134.658 millones de euros de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

Catalunya recibirá un total de 29.826 millones del sistema de financiación en 2024, lo que supone un 18% más que en 2023, según datos comunicados por el Ministerio de Hacienda al departamento de Economía de la Generalitat. De esa cantidad, un total de 4.326 millones de euros corresponden a la liquidación de 2022 y los otros 25.500 millones a entregas a cuenta.

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el límite de gasto no financiero del Estado para 2024 (el techo de gasto de los presupuestos), una cifra que es informada a las Cortes pero que no requiere de su aprobación.

En el programa de estabilidad de abril el Gobierno fijó como metas de déficit público un 3% del PIB para 2024, un 2,7% del PIB para 2025 y un 2,5% para 2026, en tanto que en el plan presupuestario de octubre confirmó la meta del 3% para la elaboración de las cuentas del año que viene. 

Montero tiene también previsto llevar al Consejo de Ministros, para su posterior envío a Bruselas, un plan de reequilibrio en el que se justifica que España no debe entrar de nuevo en procedimiento de déficit excesivo la próxima primavera porque en 2024 prevé reducirlo al límite del 3% del PIB.