El Gobierno espera que el próximo 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo se pronuncie sobre el recurso presentado por España contra la sentencia que le condenó en julio de 2012 por aplicar la 'Doctrina Parot' a la etarra Inés del Río. Así lo han señalado este lunes a las agencias Europa Press y Efe fuentes del Ejecutivo, que desde la semana pasada pusieron en circulación que el TEDH se inclina por obligar a la derogación de esa doctrina, lo que supondría la excarcelación inmediata de unos 50 presos de ETA.

Esta doctrina fue promulgada en 2006 por el Tribunal Supremo en una sentencia que afectaba al terrorista Henri Parot, y que estableció que las redenciones de pena deben aplicarse sobre el total de la condena impuesta y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años. De este modo se pospuso la salida de la cárcel de numerosos etarras --como el propio Parot o Inés del Río-- y otros condenados por delitos graves como violadores o asesinos.

En concreto, según los datos que maneja el Ministerio del Interior, son 53 etarras los que se encuentran en la misma situación que Inés del Río y cuya estancia en prisión se debe únicamente a la aplicación de la 'doctrina Parot'. Además la izquierda abertzale maneja los nombres de al menos una veintena de terroristas más a los que se les aplicaría la misma norma jurídica en los próximos años.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo acogió la vista sobre el 'caso Inés del Río'. España estuvo representada por el abogado del Estado Isaac Salama, quien se preguntó ante los 17 jueces del tribunal si '¿es igual un asesinato que 132?'.

En un primer momento se barajó que la sentencia pudiese conocerse en el mes de julio, posteriormente se vaticinó un veredicto para el mes de septiembre, pero finalmente se producirá en octubre, un retraso que fuentes conocedoras del funcionamiento de este tribunal entienden como una prueba de la falta de acuerdo, lo que iría en contra de los intereses del Gobierno.

Las interpretaciones de como habría que aplicar esta sentencia han generado numerosas reacciones en estos últimos meses, incluyendo la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien llegó a hablar de la posibilidad de aplicar una 'ingeniería jurídica' para que, en el caso de que la 'doctrina Parot' fuese derogada, retrasar la salida de los etarras de la cárcel por medios legales y de procedimiento judicial.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, fue preguntado la semana pasada sobre el escenario que se abriría en caso de que la norma fuese derogada y afirmó que es responsabilidad de los jueces de la Audiencia Nacional la aplicación de esta sentencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Añadió que la responsabilidad del Ejecutivo en este tema finalizó con la defensa del recurso ante el Tribunal y en ningún momento planteó la posibilidad de no atender el veredicto de la Gran Sala como se ha exigido desde algunos sectores. Sobre un posible rechazo a la 'Doctrina Parot', el propio Martínez admitió que se partía de 'una situación complicada' recordando que lo que se decide es el recurso de una condena anterior.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado este lunes que una vez que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie sobre la llamada 'doctrina Parot' habrá que 'examinar en cada caso concreto' los efectos que el fallo puede tener sobre los casos a los que se ha aplicado la doctrina.

Por su parte, desde el PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal dijo este lunes que 'el Gobierno y el PP consideran que la doctrina Parot ha sido un instrumento absolutamente fundamental para la lucha antiterrorista. Lo ha sido en el pasado, lo ha sido en el presente y esperamos que lo siga siendo en el futuro'.