El Gobierno se escuda en la ausencia de embargos para justificar la venta de armas a Arabia Saudí durante la guerra en Yemen

El comercio de armas con el régimen saudí, uno de los principales clientes de los fabricantes españoles, no encuentra trabas en Madrid. En cuestión de días, el Gobierno remitirá al Congreso los datos correspondientes a las exportaciones de material armamentístico registradas durante 2020, entre las que figurarán nuevamente las efectuadas a Arabia. A las puertas de enviar ese informe, el Ejecutivo advierte que no hay embargo que impida esos negocios, incluso a pesar del riesgo de que los materiales sean empleados en los ataques contra la población civil en Yemen. 

En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno alega que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen", en alusión al conglomerado de países encabezados por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, "no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios".

Según datos de Naciones Unidas, la intervención militar emprendida en marzo de 2015 contra las milicias hutíes –que cuentan a su vez con el respaldo de Irán– han provocado ya más de 200.000 muertes, muchas de ellas debido a la grave hambruna que enfrenta Yemen a raíz del bloqueo naval impuesto por el régimen saudí.

Iñarritu había formulado su pregunta tras la llegada en abril pasado de un nuevo "barco de la muerte" saudí. El Bahri Jeddah, uno de los buques empleados por el régimen para el transporte de armamento, recaló en el puerto de Sagunto el día 23 de ese mes. Al igual que en anteriores ocasiones, el Gobierno no proporcionó ni un solo dato sobre el material cargado en la terminal marítima valenciana.

En la respuesta al diputado de EH Bildu, el Gobierno se limita a realizar interpretaciones generales sobre cómo funciona la normativa portuaria. De esta manera, sostiene que "las navieras que solicitan permiso de tránsito para sus buques por puertos españoles deben contar con los permisos necesarios desde el país de expedición, así como con los permisos del país de destino para transportar la mercancía considerada".

Señala además que "en aplicación de la normativa reglamentaria vigente, así como de la propia normativa comunitaria sobre tránsitos de mercancías peligrosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tras consultar con las distintas unidades de la Administración competentes para conocer del asunto, y tras recibir la conformidad de las mismas, autoriza los tránsitos de buques de pabellón extranjero por puertos españoles". La alusión a la normativa comunitaria sobre "tránsitos de mercancías peligrosas" alude precisamente al material bélico que Arabia Saudí carga en los puertos españoles, un asunto marcado por la opacidad.  

Asimismo, el Ejecutivo vuelve a defender la validez de las autorizaciones de exportación de armamento que efectúa la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), el organismo gubernamental encargado de conceder o rechazar las licencias que solicitan las empresas armamentísticas.

Los informes de ese organismo son considerados como material clasificado gracias a una resolución adoptada por el Gobierno de Felipe González en 1987, poco después de que se autorizaran ventas de armamento a la dictadura chilena. Desde entonces no ha habido cambios respecto a ese grado de secretismo, lo que impide conocer los criterios que emplea la administración a la hora de conceder los permisos de exportación de armas a Arabia Saudí. 

El Gobierno asegura que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", aplicaría el artículo legal que le permitiría "suspender o revocar una autorización previamente concedida". También defiende que desde abril de 2020 existe un mecanismo de verificación ex post sobre el material vendido, lo que implicaría comprobar sobre el terreno cuál es el uso que, en este caso Arabia, da a las armas compradas a España. De momento no hay constancia alguna sobre la puesta en marcha de dicho mecanismo.

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, considera que la respuesta dada a Iñarritu "deja que desear y es poco transparente, pues no contesta con claridad a las detalladas preguntas formuladas". Por ejemplo, "el Gobierno no responde qué ha cargado en Sagunto el último barco de la muerte saudí", ni tampoco "si se ha aplicado el protocolo de verificación del uso a alguna exportación a Arabia y Emiratos Árabes Unidos". 

"Crímenes de guerra"

En cuanto al argumento sobre la ausencia de embargos, el representante de AI advierte sobre la "prohibición de suministrar armamento para cometer crímenes de guerra", algo que está expresamente estipulado en el Tratado de Comercio de Armas suscrito por España. Estévez destaca que el Ejecutivo "tampoco responde si ha aplicado la recomendación del Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU" respecto a la necesidad de prohibir la transferencia o venta de armas que podrían utilizarse en el conflicto. 

"Llama también la atención que el Gobierno diga que suspenderían o revocarían una autorización 'si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados'. Parece que deliberadamente hace caso omiso del último informe del Grupo de Expertos de la ONU, que alerta precisamente de ese riesgo", remarcó el experto.

El ejemplo de EEUU e Italia

En el documento enviado a Iñarritu, el Gobierno tampoco aclara "si se ha planteado suspender o limitar las exportaciones a la coalición saudí y emiratí, tal como han hecho una creciente lista de países en los últimos años y a la que se han sumado Italia y EEUU a principios de 2021", recordó Estévez. 

El pasado día 26, el PSOE votó en contra de una moción de ERC en la Comisión de Defensa que buscaba precisamente cerrar los puertos españoles a los barcos saudíes que transportan armamento, lo que hubiese implicado un posicionamiento claro del Gobierno contra la venta de armas a ese régimen. Se trata de un asunto que genera grietas entre los socios de La Moncloa: Unidas Podemos apoyó esa iniciativa de ERC, al tiempo que negocia actualmente con los ministerios de Exteriores y Defensa un posible cambio de rumbo en esa política. De momento no hay novedades.