La reforma integral del mercado de trabajo que el ministerio dirigido por Yolanda Díaz quiere acometer en esta legislatura tiene uno de sus elementos clave en las denominadas políticas activas de empleo. Si todo tiene un principio, dentro del complejo proceso y de las numerosas reformas y cambios que implica una modificación estructural del mundo del trabajo, la reforma de las políticas activas de empleo que pretende llevar a cabo el Gobierno sería la primera piedra de la nueva arquitectura que quiere levantar Trabajo; una serie de modificaciones que anticipan y pretenden derivar en una nueva Ley del Empleo.

Este lunes, Díaz y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se han reunido con los consejeros de Empleo de las comunidades autónomas para trasladarles información sobre cómo avanza el desarrollo de la nueva estrategia de activación del empleo y sobre el informe enviado el pasado lunes a la Comisión Europea, que, además de las modificaciones a las que Trabajo se compromete en materia de derogación de la reforma laboral, también contiene la propuesta del Ejecutivo en materia de políticas activas.

La negociación de estas políticas discurre a través de dos foros: el diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales, que se encargarán de cerrar un acuerdo sobre el andamiaje jurídico y el marco general de las políticas activas de empleo; y una serie de grupos de trabajo en los que participan las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de ejecutar los diferentes planes y estrategias, y que tienen importantes competencias en esta materia.

A su vez, las políticas activas de empleo constan de tres instrumentos sobre los que se está negociando: un real decreto de activación del empleo, la estrategia de activación del empleo y los mecanismos de la denominada garantía juvenil. Con la aprobación del real decreto, el Ministerio de Trabajo pretende aglutinar, clarificar y dar sentido a un marco jurídico que en este momento se encuentra disperso en el ordenamiento en distintas órdenes ministeriales; mientras que los otros dos instrumentos son los que despliegan las estrategias destinadas a mejorar la búsqueda de empleo y, por lo tanto, a atajar problemas como el paro y la precariedad.

El diálogo social está a punto de cerrar un acuerdo sobre la estrategia de activación del empleo, que marcará la hoja de ruta del Gobierno (y también de los ejecutivos autonómicos) en esta materia en los próximos tres años (2021, 2022 y 2023). En este sentido, fuentes del diálogo social apuntan a que el Ejecutivo, las patronales y los sindicatos podrían rematar la estrategia de activación en una próxima reunión.

El objetivo del Ministerio de Trabajo es dar un vuelco completo al enfoque que las políticas activas de empleo y sus estrategias han tenido históricamente, un enfoque que consideran fallido y que no ha servido para resolver los problemas más relevantes del mercado de trabajo.

La estigmatización del desempleado

En este sentido, desde el ministerio consideran que hasta ahora las políticas activas en España han partido de una suerte de estigmatización del desempleado que traslada la culpa del desempleo al propio trabajador, lo que provoca que los poderes públicos no asuman su responsabilidad constitucional de buscar el pleno empleo.

La ministra de Trabajo ha defendido este lunes en su reunión con las comunidades el despliegue de "unas políticas activas de empleo del siglo XXI". Para su ministerio estas políticas pasan por trasladar la responsabilidad del desempleo a los poderes públicos y al conjunto del sistema productivo y empezar a ver en los desempleados a sujetos con derechos a los que no se les satisface uno de los elementos principales, que es encontrar empleo; en consecuencia, los poderes públicos, a juicio de Trabajo, deberían poner todos los elementos necesarios a su disposición.

En concreto, el Gobierno apuesta por desplegar estrategias coherentes con la problemática del desempleado a través de instrumentos como itinerarios personalizados, propuestas formativas y orientación para el empleo. Desde Trabajo defienden que el desempleado debe tener derecho a contar con la ayuda de un orientador profesional con la formación suficiente que haga un diagnóstico individualizado de su situación y que, por lo tanto, establezca sobre esa base un itinerario que pueda acabar en una oportunidad de empleo.

Para Trabajo todas estas modificaciones en materia de políticas activas son, a la vez, los únicos cambios posibles en el marco de la Ley del Empleo aprobada por el Gobierno de Rajoy y la llave hacia una nueva Ley de Empleo. En el documento enviado el lunes de la pasada semana a Bruselas, el Gobierno ya le trasladó a la Comisión Europea su intención de avanzar hacia una nueva norma en esta materia, aunque los plazos todavía no están claros.

El objetivo del Gobierno en la actualidad es el de "bordear" la legislación del PP a través de la estrategia y del real decreto de activación del empleo, así como de la garantía juvenil. Pero la meta es que al final todos estos elementos den el salto y tengan su reflejo en la nueva Ley del Empleo.

El ministerio dirigido por Díaz quiere que las políticas activas de empleo y sus estrategias se puedan desplegar en el primer semestre del año, aunque tras cerrar los acuerdos en el diálogo social, el desarrollo legislativo de estas modificaciones requiere de trámites como el aval de los informes del Consejo de Estado o la aprobación de la Conferencia Sectorial de Empleo (donde las comunidades volverán a hacer sus aportaciones).

Desde Trabajo creen que este momento representa una oportunidad histórica para llevar a cabo la reforma de las políticas activas. No solo por la conformación del Gobierno de coalición y las características de esta legislatura, sino también por el relevante impulso económico de los fondos europeos, que también han dejado su huella en la financiación de las políticas activas de empleo. En concreto, el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social destinado a estas políticas ha aumentado un 35,7% en 2021 respecto al ejercicio anterior, hasta los 6.482 millones de euros.