El Gobierno ha reaccionado este viernes a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar la querella presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado. "Respetamos la decisión", señalan fuentes gubernamentales. "No obstante, discrepamos de sus razonamientos jurídicos y de su argumentación", añaden las mismas fuentes. 

"También nos sorprenden algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del Auto, máxime cuando la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado únicamente pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal", se defienden en Moncloa. 

Las fuentes del Gobierno resaltan que en la querella presentada "ya se advertía" sobre el verdadero "fin" de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno. Se trataría de "convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial". 

Esa "sospecha" que ya tenían en el Gobierno, consideran que "se ha revelado cierta". Recuerdan que el mismo día que el juez Peinado envió a las acusaciones particulares ("diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas)" la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación.

Termina su reacción el Gobierno de Sánchez con un mensaje general sobre la situación. "Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares".