El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace de plano la recusación presentada por el PP contra tres de los magistrados progresistas del alto tribunal, ya que la información periodística en la que se basa ha sido 'desmentida' por la mitad de los miembros del Pleno.

El escrito de alegaciones presentado ayer considera la carta firmado por los seis magistrados que participaron en la reunión de 12 de junio un 'desmentido rotundo a una noticia periodística que contiene hechos inexactos alusivos a los seis firmantes'.

Dicho escrito fue suscrito por la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez (ambos abstenidos al haber visto prorrogado su mandato por la reforma de la ley reguladora del alto tribunal recurrida por el PP), los tres recusados por el principal partido de la oposición (Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala) y el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas.

Todos afirman que 'lo hablado' por ellos en la reunión 'no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo', en la que se basa la recusación del PP contra los tres magistrados.

El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, argumenta también que el segundo escrito remitido por Rodríguez Arribas al Pleno, lejos de desmentir el primero, 'aporta algún dato complementario', pero 'corrobora' su contenido.

Se funda en datos ficticios

Por ello, la recusación del PP debe ser rechazada ab limine, porque 'no aporta ya principio de prueba en que se funde, al ser los que alega incontrovertiblemente inciertos o ficticios'. La decisión, además, debe ser adoptada por el Pleno de 10 magistrados, con la participación de los recusados, para evitar el bloqueo del alto tribunal por falta de quórum.

Insiste en que el Pleno 'debe tomar en consideración cuantos datos le sean conocidos', para examinar si existen o no los hechos en que se basa una recusación y así proceder a rechazarla de plano. En este caso el 'dato conocido' llega a través de seis magistrados. Los demás 'no pueden hacerlo', porque no estuvieron en la reunión alegada y 'carecen de conocimiento directo'.

También argumenta que es obligación del alto tribunal 'adoptar cuantas medidas sean necesarias' para preservar su jurisdicción, y si el ataque procede de una de las partes, rechazar su pretensión.