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BILBAO.- Ni un paso atrás. A pesar del final de ETA, el Gobierno de Mariano Rajoy se mantiene firme en su política de presión –los afectados prefieren denominarla como “venganza”- contra el colectivo de presos abertzales, tanto dentro como fuera de las cárceles. Además de rechazar cualquier cambio en materia penitenciaria, La Moncloa tampoco quiere que los ex reclusos tengan acceso a los subsidios que legalmente les corresponden tras salir de prisión. Una medida que, según dictaminó el Tribunal Constitucional (TC), vulnera la propia normativa española.

“No quieren que aquellos ex presos que lo necesitan puedan cobrar 426 euros al mes durante un máximo de 18 meses, y para ello atraviesan sus propias líneas rojas”. Así de categórica se muestra Pazis García, responsable del área jurídica en el sindicato independentista LAB. El próximo 24 de enero, esta abogada tendrá que presentarse en los juzgados de Bilbao para ratificar la denuncia formulada por esa organización contra la responsable del Servicio Público de Empleo (SEPE) en Bizkaia, a la que acusan de prevaricación.

Esta paradójica situación tiene fecha y lugar de nacimiento: el 21 de octubre de 2013 en Estrasburgo. Ese día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló contra la aplicación de la denominada “Doctrina Parot”, que permitía alargar la permanencia en prisión de personas condenadas por delitos de terrorismo. Aquella sentencia supuso la puesta en libertad de un gran número de presos de ETA, así como una catarata de reacciones por parte del gobierno del PP y de las distintas formaciones políticas. Una de ellas, UPyD, consiguió el apoyo de los populares para conseguir que los ex reclusos lo tuviesen difícil a la hora de reinsertarse en la sociedad.

“A partir de enero de 2014, se denegaron sistemáticamente todas las peticiones de subsidio”, señala Pazis García

Con ese objetivo, el partido de Rosa Díez –hoy prácticamente desaparecido de la vida política- logró convencer a los conservadores para que recortasen el acceso al subsidio de 426 euros durante 18 meses que la ley garantiza a quienes han permanecido más de seis meses encarcelados y no tienen medios suficientes para iniciar una vida digna en libertad. De esta manera, el gobierno aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2014 para reformar la normativa vigente en materia de Seguridad Social. A partir de su aprobación, los ex presos se verían obligados a pedir perdón, mostrar arrepentimiento, colaborar con la Policía y pagar indemnizaciones. Si no cumplían con esos preceptos, no podrían acceder a las ayudas.

“A partir de enero de 2014, se denegaron sistemáticamente todas las peticiones de subsidio”, señaló García. Ante esa situación, el sindicato LAB consiguió llevar este caso hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que también mostró sus dudas sobre la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno. Por ello, el TSJPV decidió trasladar el asunto al Tribunal Constitucional (TC) para que determinase si la medida vulneraba la legalidad. En junio de 2016, el órgano confirmó que la reforma introducida por el gobierno “no había sido realizada mediante un instrumento adecuado, puesto que se había hecho a través de la Ley de Presupuestos”, recordó la responsable jurídica de LAB.

Sin embargo, la Seguridad Social siguió actuando como si nada hubiera ocurrido. De hecho, el sindicato abertzale tuvo acceso a cuatro resoluciones del SEPE en Bizkaia, “en las que denegaba los subsidios utilizando la misma normativa que el TC había declarado nula”. “Entonces me puse en contacto con la directora provincial del SEPE, que era quien había firmado esos cuatro documentos. Lo que me dijo fue que cumplía órdenes de Madrid”, señala García. Seguido, telefoneó a la subdirectora de Prestaciones de la Seguridad Social a nivel estatal. “Solamente me indicó que lo estaban estudiando, y que teníamos que entender que se trataba de una situación especial”, recuerda.

“Queremos que se investigue”

Esta respuesta no conformó a LAB. El pasado 1 de diciembre, su representante legal se personó en los juzgados de Bilbao para formular la denuncia la directora del SEPE en Bizkaia. “Queremos que se investiguen cuáles son las razones y quiénes son los funcionarios que han dado órdenes para que esto no se cumpla”, adelantó la abogada. Mientras aguarda el desenlace de su denuncia, García atribuye esta situación a la “inhumana política penitenciaria que mantiene el gobierno del PP”.

Esta situación también preocupa a los responsables de Harrera, una asociación dedicada a brindar apoyo a los ex penados cuando vuelven a vivir en libertad. “La lógica del gobierno en relación a los presos es muy clara: a estos ni agua”, comenta el portavoz de ese colectivo, Fernando Etxegarai. De hecho, la situación generada por la normativa de Rajoy obligó a Harrera a cambiar sus planes. “Nos pusimos en marcha en 2013, con la perspectiva de dirigir nuestras ayudas a los jubilados. Sin embargo, cuando empezaron a rechazarse las solicitudes de subsidios, tuvimos que dedicar toda nuestra capacidad económica a ofrecer ayudas a quienes estaban en condiciones extremas”, relató.

Según sus cálculos, esta asociación –que se financia mediante subvenciones públicas y colaboraciones de sus socios- ha destinado unos 450 mil euros para las ayudas mensuales de 500 euros que recibieron los más necesitados. No es la única cuenta que tiene hecha Etxegarai: de acuerdo a sus estimaciones, la negativa del gobierno a abonar estos subsidios habría permitido al Estado ahorrar hasta 1.200.000 euros.

Primeras cartas

En ese contexto, el responsable de Harrera reveló que en las últimas semanas se habrían registrado algunas novedades significativas. “El SEPE ha empezado a enviar cartas a algunos ex presos que habían tramitado esa ayuda, diciéndoles que a partir del 10 podrán cobrar”. Esa resolución habría sido enviada a alrededor de 30 de los 100 solicitantes que aún aguardaban una respuesta. En cualquier caso, Etxegarai sostiene que “la faena ya está hecha”. “La gente necesitaba esos 426 euros cuando salió de prisión. Si ahora lo cobran, perfecto, pero muchos ya habrán conseguido trabajo. Lo realmente grave es que los dejaron en la indigencia cuando abandonaron la cárcel”, subrayó.