El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la tarde de este lunes que el Consejo de Ministros declarará este martes zona gravemente afectada ―lo que se conoce como zona catastrófica― el territorio afectado por la DANA. Bolaños también ha confirmado que el Ejecutivo está ultimando un Real Decreto-Ley, que también será aprobado este martes, que asegurará ayudas para las personas damnificadas.

Por el momento, el Gobierno no ha entrado en detalles en cuanto al carácter exacto de esas ayudas, pero Bolaños ha agradecido que todos los grupos hayan estado de acuerdo ―en las propias palabras del ministro― con las propuestas que él mismo les ha trasladado en una larga tarde de lunes repleta de reuniones en la Cámara Baja.

Bolaños y Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, se han reunido con todos los grupos parlamentarios (y algunas fuerzas políticas sin grupo, pero con presencia en el arco parlamentario) a excepción de Vox, que no ha querido asistir, para tratar la crisis desencadenada por la DANA. Algunas de las conversaciones se han llevado a cabo de forma presencial, mientras que otras han sido telemáticas.

Bolaños, como se esperaba, ha esquivado las preguntas relacionadas con una eventual declaración de emergencia nacional, algo que le han pedido en público líderes políticos a la derecha ―Alberto Núñez Feijóo (PP)― y a la izquierda del Partido Socialista ―Antonio Maíllo (Izquierda Unida) o Ione Belarra (Podemos)―, pero que, por el momento, no entra en los planes del Gobierno, cuando menos a juzgar por las declaraciones del ministro, que ha insistido una y otra vez en la importancia de "no entrar en debates políticos" y de que la colaboración entre las distintas formaciones y Administraciones sea fluida. "Les he pedido a los grupos que mantengamos la interlocución; queremos que haya un consenso amplísimo". 

Según ha deslizado Bolaños, además, el portavoz del PP, Miguel Tellado, no le habría extendido la petición de declarar la emergencia nacional que sí ha exigido por la mañana el presidente de su partido.

De todas las fuerzas políticas que se han reunido con el ministro, solo Podemos ha ofrecido valoraciones ante los periodistas. Los de Belarra han dividido el encuentro en dos puntos. El primero, en su caso sí, la necesidad de que se declare el estado de alarma (dentro de la emergencia nacional) para "garantizar que existe un mínimo de efectivos" en las zonas afectadas y que los recursos "lleguen donde tienen que llegar". Se trata de una cuestión que, a priori, rechaza el Gobierno o, al menos, no está sobre la mesa.

El segundo punto que han tratado Bolaños, Belarra, Simancas y Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso, es la propuesta de un decreto de escudo social. Los morados han insistido al ministro sobre la necesidad de aprobar una renta básica universal para los vecinos de los municipios afectados, de suspender inmediatamente los pagos de las hipotecas y alquileres de las viviendas dañadas ―condonando las hipotecas de los hogares que hayan "quedado inservibles"― o de controlar los precios de los productos de consumo básico hasta que se restituya la normalidad.

Fuentes del partido lamentan que Bolaños no se haya abierto a una cosa ni a la otra ―a la espera de conocer, eso sí, la naturaleza exacta del decreto que está trabajando el Gobierno―, aunque deslizan que ha tomado notas en cuanto a las propuestas en materia de vivienda.

Mazón pide 31.402 millones de euros

Ha sido un fin de semana desolador y agónico en los pueblos más afectados por la DANA. Ya se cuentan más de 200 víctimas mortales y, a medida que avanzan las horas, crece la presión para que se asuman responsabilidades. Mazón ha tratado de pasar a la ofensiva este lunes atribuyendo la inoperancia en la crisis desencadenada por la DANA al Gobierno central y, más en concreto, a la Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. 

Se trata de un argumento que han rebatido muy pronto fuentes de la propia Confederación Hidrográfica, que han concretado que no es competencia suya emitir alertas, sino que se trata de una tarea del servicio de emergencias de cada autonomía. Por su parte, Javier Marcos, general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha aclarado también este lunes que sus efectivos estaban listos desde el primer momento de la tragedia, pero que para que actuaran era precisa la orden de la comunidad autónoma.

Han sido dos reveses complicados de digerir para Mazón, que, además, ha visto cómo el presidente de su partido ha terminado por solicitar a Pedro Sánchez que declare el nivel de emergencia nacional para asumir desde el Gobierno central las competencias en la gestión de la crisis. Ha evidenciado, así, que también en Génova consideran que Mazón no tiene la capacidad suficiente para echarse su comunidad a la espalda en los días que vienen. El president, de todos modos, no ha solicitado este lunes esa emergencia nacional pasando por alto a Feijóo. Eso sí, ha pedido al Gobierno una ayuda de 31.402 millones de euros en un paquete de 136 medidas.

La reunión entre los portavoces parlamentarios y Bolaños ha tenido lugar prácticamente al mismo tiempo en el que se han constituido los grupos de trabajo conjunto de la Generalitat valenciana y los distintos ministerios, tal y como solicitó el propio Mazón, para encarar la siguiente fase de la crisis. Fuentes del Ejecutivo aseguran que se facilitarán al País Valencià "todos los recursos humanos, logísticos y económicos que requiera". También lo ha dicho Bolaños en su atención a los medios.

Los ministros involucrados en esos equipos de trabajo son Mónica García, ministra de Sanidad; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la de Vivienda, Isabel Rodríguez; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y, por último, Carlos Cuerpo, ministro de Economía. En total, serán cinco grupos con siete ministerios implicados.