El Gobierno considera la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre una decisión "respetable y contundente"

El Gobierno central considera que la renuncia del Rey Felipe VI a la herencia de Don Juan Carlos "que personalmente le pudiera corresponder" es "una decisión respetable y contundente, que supone una declaración de confianza en las instituciones".

El Ejecutivo español responde, de esta forma, a una pregunta presentada en el Congreso por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, en referencia a una supuesta donación de 100 millones de dólares al Rey emérito por Arabia Saudí.

En su iniciativa, Iñarritu recordaba que el pasado 4 de marzo "el diario Tribune de Genéve publicó una información relativa a la existencia de cuentas bancarias de un ciudadano español con 100 millones de dólares en Suiza", en referencia a una supuesta donación de 100 millones de dólares al Rey emérito por Arabia Saudí y de la supuesta donación de 65 millones de euros de Juan Carlos I a Corinna Larsen.

En este sentido, el diputado de EH Bildu pregunta si "han informado las autoridades helvéticas a las autoridades españolas sobre estos hechos", y si "conoce el gobierno esta información".

El Gobierno central asegura, en su respuesta, que "es consciente de la importancia de la transparencia y de la necesidad de seguir confiando en las instituciones del Estado".

Por eso, "y como no puede ser de otra manera", afirma que "se continuará colaborando con las autoridades judiciales cuando estas lo requieran, en las investigaciones ya iniciadas tanto por ellas como por la Fiscalía" en relación a las supuestas donaciones al Rey Emérito.

Por otro lado, el Ejecutivo considera que la decisión comunicada por

el Rey Felipe VI el pasado 15 de marzo, anunciando su renuncia a la herencia de Don Juan Carlos "que personalmente le pudiera corresponder", es "una decisión respetable y contundente, que supone una declaración de confianza en las instituciones".

Por último, en lo que se refiere a la inmunidad del Rey Emérito y de la Monarquía, el Gobierno precisa que "los privilegios e inmunidades de los que gozan los representantes de las instituciones del Estado se encuentran definidos en la Constitución Española, y corresponde a los jueces y tribunales definir su alcance en caso de duda".