El preacuerdo de coalición firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tiene nada de radical: no se concretan números ni propuestas nuevas que puedan ser bautizadas de extrema izquierda. Además, se sostiene que todas las medidas se llevarán a cabo cumpliendo con el "equilibrio presupuestario". Es decir, mayor inversión social pero controlando que no aumente el déficit público y con un ojo puesto en lo que se dice desde Bruselas.

Ambas formaciones se comprometen a la evaluación y el control del gasto público, algo que califican como "esencial para el sostenimiento del Estado del Bienestar sólido y duradero". Esto ha sido clave para la negociación porque una de las excusas de los socialistas para evitar la coalición en julio fueron las diferencias entre los partidos respecto a Bruselas y la senda de déficit. 

Sin embargo, los de Iglesias cedieron en este aspecto y firmaron que las medidas sociales se llevarían a cabo teniendo en cuenta el "equilibrio presupuestario". Un mensaje "tranquilizador" para Bruselas que no se ha posicionado públicamente por el pacto, pero que era uno de las impresiones que se quería transmitir durante la firma del pacto, según apuntan a Público fuentes conocedoras de las negociaciones. Un mensaje que va ligado al nuevo nombramiento de Nadia Calviño, una de las personas más respetadas del Eurogrupo, como vicepresidenta de Economía.

Siguiendo esta línea, y con el equilibrio presupuestario como principio básico, las dos formaciones tendrán que enfrentar la desaceleración económica que viene si finalmente se forma el Gobierno de coalición. El principal reto que tendrán que abordar con, previsiblemente, diferencias sobre los números.

Medidas concretas: eutanasia, escuelas y permisos

Pese a este compromiso, el preacuerdo sí que permite que se hagan las medidas sociales que prometen porque también apuntan a un sistema fiscal más justo y más progresivo. No se concretan números, pero todo apunta a que retomarán las modificaciones pactadas en los Presupuestos de 2019 para conseguir una progresividad "que nos acerque a Europa" y que "se eliminen privilegios fiscales": incrementar un 1% el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, doblar el Impuesto de Sociedades o una reforma en el IRPF aumentando  dos puntos la tributación para las rentas de 130.000 a 300.000 euros y cuatro a partir de esa cifra fueron las principales medidas.

Con la reforma fiscal se puede recaudar dinero para la inversión social de las medidas que se han concretado en este documento que requieren más inversión: escuelas infantiles de cero a tres años o permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

También hay medidas que no necesitan de primeras una inversión tan alta, como la ley de Igualdad laboral (hasta que se pusieran números) o aprobar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna.

Y, aunque no sea de forma concreta, en el documento se hace mención a todos los puntos fundamentales más sociales que siempre reclamó Podemos al PSOE en las negociaciones de los Presupuestos de 2019 y en las pasadas conversaciones de julio: proteger los servicios públicos poniendo énfasis en la educación, la sanidad y la atención a la dependencia. Otro compromiso es el del blindaje de las pensiones con la revalorización conforme al coste de la vida, aunque no se indica la fórmula y el debate girará en torno al factor de sostenibilidad.

Y en cuanto al mercado laboral solo se apunta que van a "combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad".  Quizás aquí encuentren el mayor escollo porque la prioridad de Unidas Podemos es derogar al reforma laboral del PP mientras que hay ministras como Calviño que ya mostraron sus resistencias. El objetivo del PSOE es acabar con los aspectos más lesivos y ponerse a trabajar en un nuevo Estatuto de Trabajadores.