El Gobierno de coalición continuaba con su consolidación en estimación de votos a las puertas de las medidas más drásticas para paliar la emergencia sanitaria del coronavirus. Según el barómetro publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas el Ejecutivo no perdería fuelle en su tendencia al alza tras su conformación, aunque este estudio no recoge el impacto del periodo de confinamiento decretado.

El PSOE subiría un punto respecto a la última estimación y ya rozaría el 32% en estimación de voto, casi cuatro puntos más respecto a las elecciones de noviembre. Unidas Podemos, en cambio, perdería siete décimas respecto a la estimación del CIS en febrero, y caería desde el 13,6% al 12,9%.

En febrero, la suma de las estimaciones de voto de ambos partidos era del 44,5%; en el último estudio, esta cifra sube hasta el 44,8%, sobre todo por ese incremento de un punto porcentual de los de Pedro Sánchez. También crece el PP respecto al estudio de febrero del CIS; los de Pablo Casado pasan de un 18,9% en estimación de voto a un 19,6%, aunque se mantienen por debajo de los resultados obtenidos en los comicios de noviembre (20,82%).

Vox volvería a recuperar la posición de tercera fuerza política en estimación de voto. En el último estudio, Unidas Podemos había logrado desbancar a la formación de ultraderecha, que entonces logró un 13,4%. El barómetro de marzo refuerza a los de Santiago Abascal y le otorga una subida de más de un punto porcentual, hasta el 14,8%.

Ciudadanos caería respecto a la encuesta de febrero, pero seguiría por encima de los resultados obtenidos en las elecciones. En los comicios, los de Inés Arrimadas obtuvieron casi un 6,8% de los votos, un resultado que mejoraron en el barómetro de febrero (8,1%). En este estudio, Cs obtiene un 7,2% en estimación de voto.

El estudio no recoge todo el impacto del principal problema que ha cambiado de forma drástica la situación política, social y económica actual: la emergencia sanitaria del coronavirus. El trabajo de campo del barómetro se llevó a cabo antes de la aprobación del decreto del estado de alarma frente al Covid-19, pero cuando ya estaban sobre la mesa algunas de las primeras decisiones y medidas, como el cierre de colegios en la Comunidad de Madrid y en otros territorios especialmente afectados.

Los ciudadanos encuestados sí que conocían las primeras discrepancias en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Las diferencias entre los partidos que conforman el Ejecutivo llegaron a marcar buena parte de la agenda política en el mes de febrero y a principios de marzo.

Los escándalos de la Corona y el veto del PSOE a la comisión

La primera discrepancia se produjo a raíz de la elaboración y aprobación de la ley de libertad sexual. El Ministerio encargado de impulsar esta norma fue el de Igualdad, dirigido por Irene Montero. El objetivo de Igualdad era que la ley estuviera lista antes de la celebración del 8 de marzo, pero la aprobación se retrasó y desde Unidas Podemos se apuntó al Ministerio de Justicia, que debía dar su 'visto bueno' antes de que llegara al Consejo de Ministros.

Durante algunas semanas hubo reproches cruzados e, incluso, algunos borradores de la norma fueron filtrados. Finalmente, el Gobierno pudo sacar adelante la ley en el plazo previsto y desde ambos partidos se insistió en que era habitual que hubiera "debate" en las reformas legales de más calado.

Sin embargo, esta no fue la única discrepancia en el seno del Ejecutivo. La publicación de importantes escándalos que afectaban directamente a la Casa Real alejó las posiciones de Sánchez e Iglesias. Las informaciones apuntan a una donación millonaria realizada por Juan Carlos I a la aristócrata Corinna Larsen, en base a un dinero procedente del régimen saudí en concepto de 'regalo'.

El rey emérito dispondría de una sociedad offshore, con sede en Panamá y con cuenta en Suiza, de la que el actual monarca sería beneficiario. La revelación de estos escándalos forzaron a Felipe VI a publicar un comunicado en el que anunciaba su renuncia a la herencia de su padre y la retirada de la asignación constitucional a Juan Carlos I. Unidas Podemos y otros siete partidos impulsaron y respaldaron la creación de una comisión de investigación sobre estos asuntos en el Congreso, pero el PSOE, junto al PP y Vox vetaron la propuesta en la Mesa de la Cámara.

El barómetro del CIS también recoge el impacto de la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. PP, Vox y Ciudadanos lanzaron una auténtica ofensiva durante varias semanas contra el Gobierno por este encuentro y acusaron al Ejecutivo de haber violado tratados internacionales que prohíben que la dirigente venezolana transite por suelo europeo.

Sánchez defendió a Ábalos y aseguró que el ministro había evitado un "conflicto diplomático", y desde el Gobierno se defendió que Rodríguez no había pisado en ningún momento suelo español, ya que no había bajado del avión. La derecha registró varias iniciativas en el Congreso, que acogió bastantes debates sobre esta cuestión.