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El Gobierno blinda la prioridad del convenio sectorial y la ultraactividad en la negociación de la reforma laboral

El Ejecutivo elabora un documento que recoge todos los aspectos tratados desde el inicio de las negociaciones y hace una propuesta para que los contratos temporales sean muy limitados y justificados. El próximo viernes llevará una nueva propuesta sobre los ERTE permanentes, tras el rechazo de patronales y sindicatos al último borrador.

Yolanda Díaz y Nadia Calviño
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, en el Senado en una imagen de archivo. Kiko Huesca / EFE

El Gobierno ha dado un reinicio, y a la vez ha logrado un avance, en la negociación que aborda la modernización del mercado de trabajo (el foro donde se debate la denominada derogación de la reforma laboral). El Ejecutivo de coalición ha llevado un documento a la reunión de este miércoles que recoge por escrito todos los aspectos sobre los que se había negociado desde el mes de marzo (negociación colectiva, subcontratación, prioridad de los convenios, temporalidad...). 

Esta propuesta, que tiene como objetivo acelerar la negociación, contiene algunas claves importantes que apuntan a la conclusión de algunos de los debates que se han suscitado en los últimos meses en el seno del Gobierno de coalición. Lo más relevante en este sentido es que se mantiene la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad (mantener las condiciones del anterior convenio, tanto en los derechos como en las obligaciones, mientras se negocia uno nuevo).

No solo se mantienen, sino que estos dos elementos se recogen en el borrador presentado en la reunión de este miércoles en los términos pactados por el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de coalición. Esta situación no estaba clara después de que hace unas semanas se reabriera un debate en el seno del Ejecutivo sobre los contenidos que se debían llevar a la derogación de la reforma laboral.

La llegada de los Ministerios de Economía y de Inclusión y Seguridad Social a la mesa de negociación no cambia, por lo tanto, los contenidos que se habían avanzado en los meses anteriores en materia de negociación colectiva. 

El Gobierno ha realizado, además, una propuesta para limitar la temporalidad que devuelve el foco a los denominados contratos temporales justificados. Hace unas semanas se conoció que se había llevado a la mesa una propuesta para limitar los contratos temporales a un máximo del 15% en las empresas, esto es, que no podía haber mayor porcentaje de trabajadores temporales en cada plantilla que el estipulado.

Aunque se atribuyó esta propuesta al Gobierno, desde el Ejecutivo se negó la mayor y, en concreto, el Ministerio de Trabajo defendió que su apuesta no pasaba por establecer un porcentaje mínimo de temporalidad en cada empresa, sino por acotar sobremanera estos contratos y las circunstancias en las que podían formularse.

Propuesta para acotar y reducir la temporalidad

La propuesta llevada este miércoles a la mesa de diálogo introduce la posibilidad de que se hagan este tipo de contratos temporales (contrato por circunstancias de la producción y contrato de sustitución de la persona trabajadora) en las actividades ocasionales con un máximo de 3 meses. El número de este tipo de contratos que se pueden realizar dependerá del tamaño de la empresa, con un ajuste mayor para el sector de la agricultura.

El Gobierno se ha comprometido a llevar a la próxima reunión (que se celebrará el viernes) una nueva propuesta sobre los ERTE permanentes, después de que la pasada semana tanto las patronales como los sindicatos rechazaran el documento planteado, que calificaron de "muy complicado" y "farragoso".

El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, viene a desplegar, a grandes rasgos, tres tipos de ERTE en función de las circunstancias. Un ERTE para situaciones sobrevenidas y excepcionales, como la de la pandemia del coronavirus, que básicamente replica el modelo de ERTE actual; un ERTE de reestructuración para reubicar a trabajadores entre empresas (como alternativa al despido); y otro ERTE distinto para reestructurar sectores enteros.

En los denominados ERTE de reestructuración, la empresa de la que sale el trabajador debe pagar un 50% del coste de su "despido" al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pese a que, en teoría, no se trata de un despido, sino de una reubicación en otra empresa.

Además, no estaría garantizado, apuntan fuentes del diálogo social, que los trabajadores reubicados conservan todas las condiciones y la antigüedad que mantenían en la empresa de origen. El Ejecutivo se ha abierto a modificar esta propuesta en la siguiente reunión de la mesa de diálogo social.

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