La vicepresidenta del Gobierno ha cargado contra la ley hipotecaria actual y se ha puesto a favor del Tribunal Europeo, aunque mantiene el mensaje que el presidente Mariano Rajoy lanzó ayer en Bruselas: la sentencia de Luxemburgo no va contra toda la norma, sino con algunos aspectos de ésta que permiten a los bancos cometer abusos en las hipotecas que conceden. 'Vamos a reforzar la capacidad para detectar cláusulas abusivas', ha enfatizado Soraya Sáenz de Santamaría, que además, ha anunciado que los intereses de demora no podrán sobrepasar el interés general del dinero y el plazo mínimo de impago para ejecutar el desahucio será de tres meses, frente al mes actual.

El Gobierno ha encargado a 'un grupo de trabajo' formado por los ministerios implicados -especialmente, de Justicia y Economía- que trabaje con el Grupo Parlamentario Popular para analizar la reforma de la ley hipotecaria e introducir estas nuevas medidas mediante enmiendas al texto en trámite. De entrada y aunque no ha citado en ningún momento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) anti-desahucios, Sáenz de Santamaría ha descartado que se vaya a aprobar la dación en pago porque 'no resuelve el problema más grave', el de quedarse en la calle tras el abandono de la vivienda. Sin embargo, la portavoz del Gobierno ha obviado que la Plataforma Anti-Desahucios (PAH), promotora de la ILP, pide la dación y el alquiler social para evitar el desalojo. Santamaría ha querido además precisar que la entrega de la propiedad inmobiliaria para saldar la deuda ya se puede incluir como cláusula en la hipoteca que se firme con el banco, aunque no ha mencionado el encarecimiento del contrato que eso supone para el cliente.

La número dos del Ejecutivo ha evitado hacer autocrítica por que hayan sido la presión social y el Tribunal de Justicia de la UE -y no el Gobierno por iniciativa propia- quienes vayan consiguiendo el endurecimiento de la ley hipotecaria contra los abusos en la contratación de créditos para viviendas. De hecho, Sáenz de Santamaría ha culpado a la oposición por no respaldar la reforma legislativa para que se introdujeran otras medidas, como las que pide ahora Luxemburgo y ha recordado, además, que el Gobierno ya tomó la iniciativa de suspender los desahucios en los casos más urgentes. Para bajar el tono de quienes se apropian la sentencia del Tribunal Europeo como un éxito contra el Gobierno, la vicepresidenta sostiene que el Ejecutivo conocía cuáles eran las cláusulas abusivas y se iban a cambiar.