El Gobierno aprueba la ley de Trata y activa una batería de medidas feministas por el 8M

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, con motivo del 8 de marzo, varias medidas relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Una de las más significativas, según ha anunciado Ana Redondo, ministra de Igualdad, es la Ley de Trata. 

La ministra ha destacado que por primera vez se ha celebrado un Consejo de Ministros Extraordinario "con medidas encaminadas a seguir avanzando en derechos e igualdad". "La igualdad es transversal. Este paquete de medidas tiene concreciones y avances en derechos", ha afirmado. 

Respecto al anteproyecto de la Ley de Trata, que es similar al presentado la pasada legislatura, Redondo ha destacado que "es una ley no punitivista, centrada en la sensibilización y protección de las víctimas". "Se pretende actuar sobre todas las víctimas de trata", ha añadido Redondo en la rueda de prensa. 

El texto, como anteproyecto de ley, iniciará ahora un proceso de audiencia pública para recoger aportaciones, además de recabar los informes preceptivos. En este sentido, Redondo ha señalado que se inicia esta primera lectura "con la colaboración de todas las asociaciones comprometidas". "Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo con estos colectivos que trabajan contra la trata para asesorarnos y ser más eficaces", ha añadido la ministra de Igualdad. 

Entre las novedades al texto anterior, la ley reconoce los derechos sin necesidad de interposición de denuncia. "Muchas veces la denuncia es difícil por lo que hay que proteger y acompañar en todo momento. Se garantiza la no expulsión del país si se encuentran en una situación de trata. Y que puedan acceder a todas las ayudas", ha afirmado Redondo. 

La nueva ley contempla un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijas o hijos o personas dependientes a su cargo, según informa el Ministerio de Igualdad. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros insta al Ministerio de Igualdad a elevar un Real Decreto por el que se regule la concesión de ayudas económicas a las víctimas de las violencias sexuales con bajos ingresos. Se trata de un avance en el desarrollo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí'. 

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. "Supone un ejercicio de coherencia", ha defendido la ministra. Entre las novedades se incluye un listado de conductas constitutivas de acoso para facilitar su aplicación e incluye como acoso el que se ejerce a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso.

El nuevo protocolo incluye la obligación de los empleados públicos de poner en conocimiento los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozcan, para lo que debe establecerse un mecanismo sencillo y confidencial; la obligación para la administración de atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima.

Por último, la necesidad de acometer las actuaciones con celeridad, garantizando, salvo excepciones justificadas, que se elaborará un informe sobre el caso en un plazo no superior a 10 días desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.

Medidas en Interior e Inclusión y Seguridad Social 

Otras medidas aprobadas tienen que ver con las mejoras en el sistema Viogén para proteger a las víctimas de violencia de género. Las novedades las ha presentado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Los cambios suponen la limitación de los criterios que permiten la inactivación de casos abiertos en el Sistema Viogén, en los que cesa la protección policial de la mujer, y crea una nueva modalidad, la inactivación supervisada, que fija mecanismos de control policial durante un periodo de seis meses, prorrogable a un año, e impide la inactivación completa del caso en supuestos de alta complejidad o en los que en algún momento se haya detectado un riesgo cualificado.

Según ha explicado Marlaska, en aquellos casos en los que los expertos policiales no hayan apreciado la existencia de riesgo para la mujer, o éste sea bajo, solo podrán considerarse inactivos si no existen medidas judiciales de protección en vigor y los agentes consideran que no hay circunstancias de vulnerabilidad de la mujer o de peligrosidad del agresor que aconsejen mantenerlo activo. Para ello, deberán contactar al menos una vez de manera presencial con la víctima y reevaluar la situación, de lo que deberá quedar constancia en el Sistema Viogén

Por ,su parte, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz ha presentado una serie de mejoras para el acceso a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para mujeres víctimas. Se incluye la mejora de la protección en las situaciones de incapacidad temporal que se produzcan como consecuencia de casos de violencia machista. Estos casos pasarán de tener un tratamiento de contingencia común, a tenerlo de contingencia profesional a efectos económicos.

Se asimilarán estas situaciones a las de baja laboral por accidente de trabajo, lo que supone una mejora en la prestación, ya que pasarán a percibir desde el primer día de la baja el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración. Además, no requerirá periodo de carencia, según destaca este Ministerio.

"Seguimos dando pasos para reforzar la acción protectora de la Seguridad Social, con el foco puesto en las mujeres. Me gusta hablar de este Ministerio como el ministerio de las personas, y ya que las mujeres somos más del 50% de la población de este país, es de absoluta necesidad que las políticas de género e igualdad sean transversales a toda la acción de mi cartera", ha afirmado Saiz.