El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el Código Penal más duro de la democracia, ya que introduce como pena para delitos especialmente graves la prisión permanente revisable. Se trata de un tipo de cadena perpetua,  aunque debe ser obligatoriamente reexaminada por los jueces, de forma periódica, a partir de un tiempo mínimo de cumplimiento (de unos 25 años), pudiendo ser conmutada a partir de entonces.

Fuentes del Gobierno consultadas por Público confirmaron que, en el año que ha durado la gestación del proyecto, se ha eliminado la otra medida estrella, en cuanto a penas, que establecían los borradores iniciales e incluso el Anteproyecto que se envió tanto al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal: la llamada custodia de seguridad.

Importada del derecho alemán, establecía la posibilidad de que delincuentes peligrosos vieran prolongada su privación de libertad en 10 años, a cumplir en prisiones o centros 'especiales' --sin mayor concreción--, a partir del cumplimiento completo de sus condenas. La pena fue criticada tanto por el Poder Judicial como por la Fiscalía, que dudaban de su constitucionalidad.

En cuanto a la prisión permanente, todos los órganos consultados por el Gobierno salvaron su compatibilidad con el principio constitucional de que las penas deben tener como finalidad la reinserción de los reclusos, aunque suscitó otras críticas, entre las que destaca la del Consejo de Estado. Esta institución subrayó que el Ejecutivo no había dado ninguna razón de la oportunidad o necesidad de una medida de ese calado.

El rechazo más palmario fue el de la Comisión de Estudios del Consejo del Poder Judicial, en un informe que posteriormente no prosperó en el Pleno de la misma institución. Tres vocales del órgano de gobierno de los jueces suscribieron un dictamen que decía que ni los dictadores Franco y Primo de Rivera habían ido tan lejos como el Gobierno de Rajoy en materia penal, ya que no introdujeron la cadena perpetua en los códigos penales de 1928 y 1944.

El Proyecto de Ley del Código Penal, que a partir de ahora comenzará su tramitación parlamentaria, reformará numerosos artículos, y elevará previsiblemente la edad mínima para dar el consentimiento a mantener relaciones sexuales de los 13 años actuales a los 16.

En su fase de anteproyecto, suscitó críticas también por agravar las penas para los delitos de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad, lo que se vió como una represión mayor a actuaciones típicas de movimientos como el 15-M o el de los indignados. 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió esta semana en el Congreso las novedades que incorpora el texto en materia de lucha contra la corrupción, como la nueva regulación de la administración desleal, que permite sancionar la contratación de servicios por un precio exagerado, normalmente motivado por el pago de un soborno; la revisión de la regulación del delito de malversación, que sancionará la celebración de contratos sin contraprestación o creando fondos ocultos sustraídos al control de la Administración; la revisión técnica de la regulación de la corrupción en los negocios, lo que incluye el supuesto de pago de sobornos a agentes públicos extranjeros (cohecho transnacional); y una revisión en profundidad de la regulación del comiso con la finalidad de facilitar un instrumento eficaz para la recuperación de los activos procedentes del delito”.

Además, según el ministro, la nueva norma “opta también por sancionar penalmente la conducta de quienes impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan al pago ocultando bienes o aportando información falsa a los Tribunales”.

El Proyecto de Código --al hilo de noticias de actualidad como el de la exconcejal socialista Olvido Hormigos--, también incluía en sus últimos borradores un nuevo delito para castigar la divulgación no autorizada en Internet de imágenes o grabaciones íntimas, incluso si se habían obtenido con consentimiento de la víctima.Y nuevos delitos como el hostigamiento o el acecho sexuales o el matrimonio forzado.

Asimismo, el proyecto podría seguir la recomendación formulada por la Fiscalía General del Estado y castigar a los responsables de webs que enlacen con sitios donde se aloje material pirateado. Según la propuesta de la Fiscalía, se trataría de penar con entre seis meses y dos años de prisión a quien, no sólo reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente obras sin autorización y con ánimo de lucro, sino también a quien 'facilite el acceso' a las páginas web que lo hagan.