El Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria que inicialmente se iban a votar este jueves en el Congreso de los Diputados. La decisión ha sido tomada tras buscar, sin éxito por el momento, el apoyo de Junts.

Fuentes de Hacienda señalan que  el Ejecutivo intentará "agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos". Asimismo, acusó al PP de moverse "por cálculos electoralistas y partidistas".

Según señalan fuentes gubernamentales a Público, el objetivo es seguir hablando con Junts para conseguir una mayoría en el Congreso que permita sacar adelante el nuevo techo de gasto. "Si hay que darse más tiempo, nos lo damos", apuntan. La decisión se produce tras una nueva reunión del PSOE y el partido de Carles Puigdemont en Suiza, celebrada el pasado fin de semana. 

Públicamente no se han ofrecido detalles del encuentro y los socialistas lo han enmarcado en sus relaciones ordinarias. Pero según las fuentes consultadas la reunión sirvió para constatar que no hay avances y que Junts persiste en su estrategia de no favorecer esta votación salvo que se introduzcan cambios en el techo de gasto. "Puigdemont siempre está un poco a lo suyo y nosotros estamos a lo de los demás", destacan fuentes de Ferraz en privado. Desde el Gobierno se abren ahora a estudiar ciertos cambios. 

Foco contra el PP

En la línea de tratar de reconducir la relación con el partido independentista catalán, los socialistas han puesto el foco en los últimos días en la actitud del PP. "El Gobierno de España no se resigna a que la irresponsabilidad del PP genere un grave perjuicio para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueba una nueva senda", señalan fuentes del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero. 

Estas mismas fuentes recuerdan que el Gobierno ha presentado una senda avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal, que flexibiliza los objetivos de déficit para CCAA y los Ayuntamientos en 2025 y 2026. "Ese mayor margen lo asumiría la Administración Central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit. Es decir, la senda del Gobierno ofrece a las CCAA y los ayuntamientos una mayor capacidad de gasto. Sobre esa misma premisa seguiremos negociando para alcanzar un acuerdo", añaden. 

Consideran en Moncloa que la retirada de la tramitación "es un ejercicio de responsabilidad de un Gobierno que mira por el interés general para alcanzar un acuerdo beneficioso para la defensa del Estado de Bienestar". Frente a ello, el Ejecutivo critica "a quienes solo se mueven por cálculos electoralistas y partidistas".