El Gobierno de Juanma Moreno impulsa un proyecto de una universidad privada de un fondo de inversión que discuten debido a las dudas sobre su solvencia la Conferencia General de Política Universitaria, la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Consejo Andaluz de Universidades y que tiene, entre sus promotores, a un fundador de Medac, empresa dedicada a la formación profesional, a la que Javier Imbroda, hoy consejero de Educación, dedicó también años de su vida antes de entrar en política de la mano de Ciudadanos.

El pasado 7 de febrero, un Consejo de Gobierno inició la tramitación de un plan para reconocer una universidad privada online –Utamed, Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo– en Málaga. El procedimiento a seguir es la aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley que viene del Ejecutivo, lo que llevará aún un tiempo, por lo que, existen dudas de si, en función de la fecha de las elecciones, el proyecto se podrá cerrar en esta legislatura.

¿Quién está detrás de este proyecto? Utamed, según consta en el expediente oficial que manejó el Gobierno andaluz para iniciar los trámites, está promovida por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, que, según el registro mercantil, está participada por Pef 1 Mediterráneo Activo SL, una empresa en la que aparece como administrador Miguel Reinoso, fundador de Medac.

Sin embargo, los propietarios de Pef1, según los datos que constan en el registro mercantil no son los que están en el expediente oficial, en donde aparecen como accionistas, además de Reinoso, cuatro compañías que nada tienen que ver con la educación y que están dedicadas a las finanzas: el fondo Queka Real Partners; la Sicav homónima Queka Real Partners, con sede en Luxemburgo; la sociedad Rucio Investment, también con sede en Luxemburgo, y Egead SL, una sociedad malagueña dedicada al asesoramiento patrimonial y financiero.

Pef1, según el registro mercantil, pertenece desde el pasado mes de noviembre a una sociedad llamada Educa Bidco SL, detrás de la cual, a su vez, está Educa Holdco SL, una compañía que gestiona el grupo Master D, una empresa de Zaragoza dedicada desde hace años a la formación, desde opositores hasta empresarios, pasando también por la FP, que, según se lee en algunos foros ha recibido también quejas de usuarios. Master D es hoy propiedad del fondo de inversión KKR, según consta en las páginas web de ambas compañías  y también recogen informaciones de prensa.

Educa Holdco ha acometido diversas ampliaciones de capital en los últimos tiempos y, entre sus propietarios –según se extrae de los datos que aparecen en el registro mercantil– está Educa (Lux) Sarl, que a su vez pertenece al fondo de inversión KKR Educa Aggregator.

Medac, al igual que Sapere Audo, era una de las sociedades que dependían de PEF1, según consta en el expediente que acompaña a la tramitación del anteproyecto, y también ha sido comprada este verano por el fondo estadounidense KKR por unos 200 millones de euros, según distintas informaciones periodísticas. En la web de Master D, propiedad de KKR, también aparece registrada la compra de Medac. El Gobierno andaluz ha venido dando en esta legislatura autorización a nuevos centros de FP Medac en Andalucía. 

Los fondos de inversión y de capital riesgo han entrado en la educación con fuerza, al detectar oportunidades de negocio, y patrocinan otros proyectos educativos en otras Comunidades Autonómicas, según recogen distintas informaciones.

En el borrador del anteproyecto de ley de Utamed se recoge que los cambios de propiedad deben ser comunicados a la administración. "La realización de actos y negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, o que impliquen la transmisión o cesión, inter vivos, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de la titularidad directa o indirecta que las personas físicas o jurídicas ostenten sobre la Universidad, deberá ser previamente comunicada a la Consejería competente en materia de universidades, para su conformidad en el plazo de tres meses", se lee en el artículo 7, que aún no está en vigor.

Público se dirigió a la Consejería de Economía y Universidades, la que lleva el proyecto, para saber si la Junta era consciente de estos cambios en la propiedad de Sapere Aude, la promotora de la universidad y si la administración había hecho alguna indagación para saber quién va a gestionar al final Utamed. La Junta respondió lo siguiente: "El procedimiento administrativo que inicia la Consejería pasa por comprobar que la solicitud y proyecto presentado cumplen con los requisitos exigidos en la normativa que resulta de aplicación".

Y agregó: "En relación con la naturaleza jurídica de la entidad promotora del proyecto presentado para el reconocimiento de una universidad privada, la norma no establece exigencia o requisito alguno sobre la forma que debe adoptar la entidad promotora, la titularidad del accionariado o el porcentajes de participación en este, si bien lo que se comprueba es que la entidad que impulsa el proyecto adopte cualquiera de las formas jurídicas admitidas en derecho, esto es, fundación, sociedad limitada o sociedad anónima".

Conflicto de intereses

Para la oposición, el vínculo de Utamed con Medac supone un claro conflicto de intereses, que el Gobierno andaluz niega. "La confusa situación empresarial y accionarial del proyecto, que parece incluir a Medac, empresa vinculada a su consejero de Educación, requerirá explicaciones exhaustivas", considera Antonio Ramírez de Arellano, diputado del PSOE. Para Guzmán Ahumada, parlamentario de Unidas Podemos, "engordan a una empresa para que Imbroda tenga aterrizaje haciendo competencia a otras universidades con calidad garantizada para que algunos se puedan comprar un título frente al hijo del obrero". Ahumada espetó este jueves en el Parlamento al consejero de Economía y Universidad Rogelio Velasco: "No le pone un tapón a esta Universidad porque quiere que Imbroda recoja el rebote de su vida". Para Ricardo Sánchez, diputado no adscrito de Adelante Andalucía, supone un "trato de favor" y es "un escándalo". "El pueblo andaluz tiene la sensación de que su gobierno funciona como lobby para favorecer a las empresas privadas y favorecer sus intereses", agregó.

"¿El consejero pertenece a ese grupo? Que yo sepa no, no sé qué relación tiene", fue la respuesta del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, cuando en una rueda de prensa reciente le preguntaron por los vínculos con esta universidad. Imbroda vendió todas sus participaciones en empresas –salvo un 20% en una llamada AMS, según consta en su declaración de bienes– en noviembre de 2018, antes de presentarse a las elecciones andaluzas "sin saber si sería diputado o consejero", ha dejado dicho. Hoy, por tanto, no tiene relación societaria con Medac ni sus dueños. 

El mismo Imbroda, a los pocos meses de entrar en el gobierno, aseguró en una entrevista con La Razón que había vendido sus acciones antes de presentarse a las elecciones de diciembre de 2018 y ahí habló de una universidad –"un proyectazo que va como un cohete y que terminará haciendo una universidad como quisimos. Y yo voy a estar fuera. Ya estoy fuera. Es el precio que he tenido que pagar para entrar en política"–, una idea que ya había tratado de desarrollar en Melilla y que también recibió el rechazo de la Conferencia General de Política Universitaria.

El Gobierno andaluz argumenta que es el departamento del consejero de Economía y Universidad Rogelio Velasco el que lleva el proyecto, no el de Imbroda y que por tanto este no participa en ningún trámite. El consejero Velasco ha venido a decir este jueves que no se trata de una decisión política: "El Gobierno no crea universidades privadas, se limita a comprobar que cumple con los requisitos, siendo el Parlamento al que le corresponde su aprobación", dijo  en respuesta a las críticas de la oposición. "Nos hemos limitado a cumplir y velar porque las propuestas que nos lleguen cumplan con la legislación. Existe una ley de reconocimiento, es el gobierno estatal el que establece las condiciones", agregó Velasco.

"En un Consejo de Gobierno donde se sienta Imbroda que está claro que busca un puesto de futuro, cuidadito con la Ley de incompatibilidades, aparte de las cuestiones morales", dijo el diputado Ahumada también este jueves en el Parlamento.

Se refiere al artículo 7.1 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía dice: "Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil".

Público ha preguntado a la Consejería de Educación si el consejero se había inhibido y la respuesta que ha obtenido invita a pensar que no se inhibió: "El consejero Javier Imbroda no ha tenido ninguna vinculación con Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, entidad que ha impulsado la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED)".

Las fuentes agregaron: "El Consejo de Gobierno autorizó, en su reunión del pasado 7 de febrero, a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a iniciar la tramitación de dos anteproyectos de ley por los que se reconocerían a la Universidad Fernando III el Santo y a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), ambas de naturaleza privada, en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía. Es decir, acuerda el inicio de un trámite acogido a la legislación vigente".

Añadieron las fuentes: "Una vez sean recabados todos los informes, incluido el del Consejo Consultivo de Andalucía, y se culmine el resto de los trámites establecidos, ambas normativas volverán a someterse al Consejo de Gobierno para su visto bueno como proyectos de ley, trasladándose posteriormente al Parlamento para su aprobación. Es el Parlamento, por tanto, el que aprobaría la iniciativa".

Informes contrarios no vinculantes

En todo caso, el proyecto Utamed ha levantado ya una amplia polémica y una fuerte polvareda, no solo en el terreno político. Hasta tres organismos, compuestos por expertos, han rechazado el nacimiento de Utamed. Así la Conferencia General de Política Universitaria, del ministerio de Universidades, emitió en marzo, hace casi un año, un informe contrario ante las "serias dudas sobre la sostenibilidad económica del proyecto", "la falta de garantías que aseguren la financiación económica" y "la deficiente planificación". Luego, la propia Junta, la Agencia Andaluza del Conocimiento, también elaboró un informe "desfavorable" antes del verano pasado, tras detectar en el proyecto deficiencias de un tenor similar a las valoradas por el ministerio.

El consejero Velasco sostiene que las deficiencias que motivaron estos rechazos se han solventado ya, pero no logró convencer de ello a los representantes de las universidades, que votaron mayoritariamente en contra de Utamed en una reunión del Consejo Andaluz de Universidades el pasado 13 de diciembre.

"Una vez recibidos los informes emitidos, que son preceptivos, no son vinculantes, se remitieron al promotor al objeto de que fueran subsanadas [las deficiencias], y habiendo la Consejería comprobado [que así era] y que la iniciativa cumplía con todos los requisitos legales", se inició la tramitación del reconocimiento de la Universidad, dijo el consejero Velasco. "La decisión corresponde a este parlamento. A la universidad se le otorga el reconocimiento. Y la autorización solo se produciría si se comprueba que cumple con todos los requisitos", agregó Velasco.

En paralelo a la aprobación de la tramitación de Utamed, el Gobierno andaluz aprobó también el reconocimiento de la Universidad Fernando III el Santo, aunque en este caso, su proyecto sí contaba con informes favorables del Conferencia General de Política Universitaria y de la Agencia Andaluza del Conocimiento, según dijo el consejero Velasco este martes. Detrás de esta segunda universidad privada está la Fundación Universitaria Fernando III el Santo, en la que sí hay gente con experiencia en el sector universitario.

"La Fundación San Pablo Andalucía, fundada en 1995 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU y el Arzobispado de Sevilla, promueve actualmente la Fundación Universitaria Fernando III. La Fundación Universitaria San Pablo-CEU es titular de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia y de la Universidad Abat Oliba CEU en Barcelona", se recoge en el expediente que sirve al gobierno para promover el reconocimiento de esta Universidad.

Este proyecto ha generado menos polémica que el primero, aunque sí existe inquietud en el Consejo Andaluz de Universidades, donde están los rectores de las públicas. La Universidad de Sevilla tiene un centro adscrito que pertenece a la Fundación San Pablo y que genera dudas sobre su funcionamiento y papel si llegara a abrirse la nueva universidad.

El Gobierno andaluz tiene claro que el sistema universitario en Andalucía necesita universidades privadas. "No vamos a poner obstáculos a propuestas de universidades privadas que vengan a complementar [la oferta], sí velaremos porque cumplan con calidad y con la ley. No creamos ni financiamos universidades privada. En otras comunidades autónomas el peso de las privadas es considerablemente mayor que en Andalucía. Hay espacio para estos proyectos. No parecen una amenaza mortal, cuando hay 9 universidades públicas muy potentes. Debemos insistir por tanto en que las universidades privadas van a a enriquecer el sistema público contribuyendo a la mejora económica del entorno económico y social", consideró Velasco este martes.

Según el gobierno andaluz, con datos del curso 2019-2020, el sistema universitario español lo conforman un total de 83 universidades, 50 públicas y 33 privadas, que representan un 39,7% del total, frente al 9% que suponen en Andalucía.

Hasta ahora, en la Comunidad solo hay una universidad privada, la Loyola.