Gobierno y aliados desencallan con la ley de vivienda el acuerdo más importante de la legislatura con tareas pendientes para 2025

Tras meses de negociaciones "discretas" pero de "tensión", de idas y venidas, y de plazos incumplidos, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha alcanzado un acuerdo con dos de sus aliados principales en el Parlamento, ERC y EH Bildu, para desencallar la ley de vivienda. De todas las tareas previstas y pendientes de abordarse, esta norma ha supuesto el compromiso más importante de la legislatura para estas formaciones.

No solo por lo que supone esta medida en sí, de marcado carácter social y político, sino por la importancia que ha adquirido la vivienda en los últimos años al convertirse en uno de los principales problemas para las familias, especialmente para los jóvenes. Todo ello en un contexto de situaciones sobrevenidas, como la pandemia y la crisis inflacionaria agravada por la guerra en Ucrania.

El proyecto legislativo, que comenzó a fraguarse en el seno del Ejecutivo hace casi tres años, podría recibir el visto bueno de las Cortes en las próximas semanas, según detallan fuentes parlamentarias. Dado que se tramita por la vía de urgencia, si estos pronósticos se cumplen, su aprobación llegaría a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, por lo que sería una importante baza electoral para estas formaciones que han entrado en escena, según reconocen.

A falta de conocer con detalle el texto pactado, entre las principales medidas dadas a conocer este viernes destaca la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. De modo que, para evitar los aumentos descontrolados, durante el 2023 se aplicará el límite del 2% (en vigor desde la invasión rusa), mientras que en 2024 será del 3% y "en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual", han señalado los partidos independentistas.

¿Cómo y cuándo se confeccionará ese índice? Desde Moncloa argumentan que, antes del 31 de diciembre de 2024, el INE será el encargado de definir dicha lista de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Si bien, los grupos comparten en privado su incógnita sobre este futuro baremo, ya que, a tenor de las encuestas, no se puede pasar por alto que la previsible convocatoria de las elecciones generales para finales de este año pueda dar lugar a un cambio radical de signo político en la Moncloa, con el PP y Vox al frente.

De hecho, justo después del anuncio del acuerdo este viernes, los de Alberto Núñez Feijóo han salido en tromba para atacar tanto el contenido de la ley como las negociaciones con los socios habituales del Gobierno. Es más, la propia líder del PP madrileño y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con recurrir la norma ante el Constitucional.

La incógnita sobre la limitación de los precios a partir de 2025 no se despeja. Y no solo eso, los grupos avisan del riesgo por la posible derogación de la ley si la derecha llega al Gobierno. Por ende, esta hipótesis no solo deja en el aire cómo se elaborará dicho índice, sino también si al final llegará a elaborarse.

Otra vertiente a tener en cuenta es que, dado que las competencias en vivienda son de las autonomías, la ley deja en manos de cada gobierno la solicitud de área tensionada. De este modo, la ley podrá "a cada uno frente al espejo y medirá la voluntad política de cada gobierno", tal como ha resumido el portavoz adjunto de la coalición abertzale, Oskar Matute.