El Gobierno de coalición encara este martes sus primeras votaciones del último año de legislatura. En un pleno extraordinario (enero es un mes inhábil en el Congreso), se someterán a su convalidación dos reales decretos leyes, el tercer paquete de medidas anticrisis y el nuevo Estatuto del Artista para luchar contra la precariedad del sector.

El debate y votación de las dos iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros a finales de diciembre y a primeros de enero, respectivamente, dará paso a un pleno extraordinario posterior, con la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta sobre el último Consejo Europeo, así como de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Se da la circunstancia de que el líder del Gobierno defenderá las medidas contempladas en el real decreto-ley después de que el hemiciclo decida sobre ellas (previa defensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desde la tribuna). Y, a estas alturas, aunque el escenario no es a priori extremadamente complicado para el Ejecutivo, los apoyos a este tercer paquete de protección, sobre todo los de sus aliados parlamentarios, todavía no están cerrados.

Pedro Sánchez fue el encargado de anunciar las iniciativas recogidas en la norma con rango de ley, con un impacto de 10.000 millones de euros, de las cuales varias de estas entraron en vigor el pasado 1 de enero. Es el caso de la rebaja del 4% al 0% del IVA para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. También, la extensión del límite del 2% para la actualización de los alquileres, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento vigentes que finalicen antes del 30 de junio de 2023 para proteger a los inquilinos de subidas abusivas.

Aunque se retiró la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina (este descuento se prorrogará para el transporte profesional por carretera), el Ejecutivo mantendrá el 30% de subvención al transporte urbano e interurbano gestionado por ayuntamientos y comunidades. Y también seguirán en vigor la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, la prohibición durante todo el 2023 del corte de suministros esenciales y la extensión del bono social eléctrico, así como la rebaja durante seis meses más de los impuestos de la electricidad y el gas, y la congelación del precio máximo de la bombona de butano.

Los socios fijarán posición en las próximas horas

Pese a que algunas de estas medidas estaban comprometidas con los socios del Ejecutivo, estos aún no dan por sentado su apoyo al real decreto-ley. Si bien, la opción de votar en contra no está sobre la mesa. ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís, aliados habituales del Gobierno en el Congreso, fijarán posición en las próximas horas, aunque algunos de ellos afean incluso que el Gobierno no se haya puesto en contacto todavía para abordar esta cuestión. De su lado, fuentes cercanas al ministro de la Presidencia se escudan en que "hay contactos continuos con los grupos para este y otros temas".

Los grupos vascos se jactan de que el Gobierno haya atendido sus reclamos negociados en el marco de los Presupuestos de 2022. Así, desde el PNV recuerdan que su grupo pidió la prórroga de la ayuda del 30% al transporte público de gestión local y autonómica. Los de Aitor Esteban presentaron una enmienda en este sentido en la tramitación del proyecto presupuestario, además de realizar una pregunta al Gobierno en sesión de control el pasado mes de diciembre.

En las negociaciones de las cuentas públicas, EH Bildu pactó con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dos de las medidas incluidas en el nuevo paquete "que suponen un alivio para mucha gente", como celebró la portavoz de la coalición abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el pasado 27 de diciembre: topar la revisión anual de alquileres al 2% y mantener el alza del 15% de las pensiones no contributivas.

Aunque las iniciativas relativas a la vivienda están bien vistas por los republicanos, su portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, criticó la rebaja del IVA de los alimentos al señalar que no es útil porque "aumenta los beneficios de los grandes supermercados y reduce la recaudación del Estado". "Si se quiere ir más allá de un titular y realmente ayudar: gravemos beneficios, topemos precios y subamos el SMI", señaló en un tuit. Cabe recordar que en los anteriores paquetes de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, ERC votó en contra del primero (coincidió con el estallido del caso Pegasus) y a favor del segundo.

Desde Compromís, que rechazan la "falta de diálogo habitual" del Gobierno con sus socios para negociar los apoyos a sus iniciativas, barajan la abstención a este decreto-ley "si éste favorece mucho a algún tipo de industria y poco a la valenciana", como es la dedicada a la cerámica.

Por su parte, los populares se decantan por la abstención al tercer escudo de protección del Gobierno que "recoge algunas propuestas del PP", toda vez que estos han mostrado su disposición a votar a favor en el caso de que el Ejecutivo amplíe su rebaja del IVA a otros productos básicos, como son el pescado, la carne y las conservas.

De este modo, el principal partido de la oposición denunció el pasado jueves que la ministra de Hacienda, quien no ha liderado las negociaciones de estas medidas ni en este ni en los otros dos textos económicos, rechazara negociar el tercer paquete con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, para remitirles a los dirigentes del PSOE en el Congreso. Su voto, por tanto, está en el aire, como el de otros grupos parlamentarios, aunque el Gobierno confía en empezar el año como lo terminó, con otra nueva victoria en el Congreso.