El emporio armamentístico saudí no para de crecer. El régimen de Salmán bin Abdulaziz, señalado por graves violaciones a los derechos humanos tanto dentro como fuera de sus fronteras, desarrolla un plan dirigido a incrementar sus dotes bélicos. Un plan al que España está a punto de aportar unas cuantas toneladas: este jueves, Navantia entregará a uno de los máximos jefes militares saudíes el primero de los cinco buques de guerra encargados en 2018.

La corbeta Al-Jubail quedará en manos de Arabia Saudí en un acto que se celebrará en el astillero de San Fernando (Cádiz) y en el que estará presente el comandante de la Marina saudí, el vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofail, y el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada española, Antonio Martorell Lacave; así como el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, o la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, entre otras autoridades.

El buque de guerra tiene 104 metros de eslora y la capacidad suficiente para transportar a un total de 102 militares. Está equipado con el sistema de combate CATIZ, desarrollado también por Navantia y preparado para cubrir "tanto las tareas de un buque de guerra (guerra anti-aérea, guerra anti-superficie, guerra anti-submarina, guerra electrónica, guerra asimétrica, guerra de minas y control aéreo)" como las "operaciones en tiempo de paz", explica el astillero en un apartado de su página web.

Cuenta además que con el sistema de dirección de tiro DORNA, ideado para "neutralizar una amenaza mediante la detección, identificación, búsqueda y seguimiento con predicción balística, el control de armas y enfrentamiento con las armas asignadas cuando sea necesario".

Este equipamiento quedará en manos de Arabia Saudí, cuyas Fuerzas Armadas están involucradas desde marzo de 2015 en los ataques contra Yemen. Según datos de la ONG Yemen Data Project, a lo largo de estos siete años se han producido más de 24.000 ataques aéreos que han provocado la muerte de casi 9.000 civiles, entre quienes figuran 838 mujeres y 1.419 niños.

Los ataques se incrementaron a partir de octubre pasado, tras la disolución del Grupo de Expertos Eminentes de la ONU que realizaba un seguimiento de la situación en territorio yemení. Desde entonces "se han registrado al menos 200 ataques aéreos cada mes, con un máximo de 400 en enero pasado", asegura Yemen Data Project en un informe reciente.

El régimen mantiene además un bloqueo naval que ha agravado la crisis humanitaria. Según datos de Naciones Unidas, a día de hoy unas 24 millones de personas necesitan ayuda, "entre ellas 13 millones de niños".

Este miércoles, el régimen saudí anunció el inicio de una tregua unilateral que no ha sido reconocida por los rebeldes hutíes. "Si no se levanta el bloqueo, la declaración de la coalición a favor del cese de sus operaciones militares carecerá de sentido porque el sufrimiento de los yemeníes a causa del bloqueo es más grave que la propia guerra", escribió en Twitter un alto funcionario hutí, Mohammed al-Bukaiti.

Caso omiso

El mantenimiento del bloqueo naval y el incremento de los bombardeos en estos últimos meses no impidió que el Gobierno español autorizase la entrega del primer buque de guerra al régimen saudí, tal como se materializará este jueves en el astillero de San Fernando. De nada han valido las reiteradas solicitudes formuladas por Amnistía Internacional (AI), que a través de distintos escritos ha solicitado al Ejecutivo que condicionara la autorización a una reducción de las víctimas civiles en el conflicto.

Entre otros puntos, a organización de derechos humanos reclamaba además que "la coalición cese los ataques arbitrarios y deliberados contra civiles y bienes de carácter civil, ponga fin al bloqueo naval y aéreo de Yemen y adopte medidas enérgicas para poner fin a la impunidad".

Planteaba además la creación por parte del gobierno español de un grupo de trabajo que abordase la "conversión de la industria de defensa para mitigar el impacto económico de la suspensión de la venta de armas" a la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Las autorizaciones de exportación de material militar español a los países que atacan Yemen superan ya los 2.700 millones de euros.

Las operaciones de venta de armamento, incluyendo las cinco corbetas encargadas a Navantia, han estado marcadas por un absoluto hermetismo. Así lo han comprobado en las oficinas de Amnistía Internacional (AI), cuyos responsables se han dirigido en varias ocasiones al Gobierno para pedir información sobre las autorizaciones de exportación de los buques de guerra.

El Ejecutivo se ha aferrado a la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista y a un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987 para negarse a dar cualquier tipo de información sobre las exportaciones de armamento.

De esa manera, el Gobierno impide conocer en qué términos se han producido tales autorizaciones y cuáles son las garantías respecto a la utilización de las corbetas por parte del régimen de Salmán bin Abdulaziz.

"Cortina de humo"

"Es urgente que el gobierno ponga fin a los secretos que matan modificando el acuerdo del Consejo de ministros de 1987, condicione la entrega de las restantes corbetas a los saudíes a las medidas demandas por Amnistía y apruebe la nueva ley de información clasificada", sostiene Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas.

El portavoz de Amnistía apunta a la decisión del Consejo de Ministros de marzo de 1987 –al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968– que clasifica como secretas las decisiones sobre las autorizaciones de venta de armas, como la "cortina de humo" que impide tener más datos sobre esta operación.

La reforma de esa ley acumula un largo retraso en el Congreso, donde el PNV ha abanderado una iniciativa que busca su sustitución por una normativa acorde a la democracia. "El Gobierno prometió al PNV que en marzo de este año tendría listo el texto del anteproyecto de la nueva ley de información clasificada que sustituirá a la de Secretos Oficiales, un compromiso recogido en su plan normativo para 2022, pero aún no ha cumplido esa promesa", lamenta Estévez.

Crímenes de guerra

No se trata de un asunto baladí. El empleo de estos buques en actividades relacionadas con los ataques contra Yemen implicaría una vulneración del Tratado de Comercio de Armas (TCA) suscrito por España. En diciembre de 2019, varias organizaciones de derechos humanos presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que plantearon la posible comisión  de crímenes de guerra por parte de la coalición saudí.

En tal sentido, Estévez advierte que la concesión de la licencia de la exportación de esta primera corbeta "es una flagrante violación de la obligación de España según el TCA de no vender armas a otro país cuando sabe que podría utilizarlas para atacar a civiles".