El barco Bahri Jeddah que el pasado 21 de octubre visitó el puerto de Sagunto traía armamento y se marchó con una carga aún mayor. Así se desprende de una inédita respuesta ofrecida por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, en la que confirma por primera vez que este buque, uno de los denominados "barcos de la muerte" saudíes, hizo escala en España para llevarse material militar.

Según consta en el documento remitido a Iñarritu, "el buque llevaba a bordo veintisiete contenedores procedentes de Brasil, conteniendo cartuchos de armas de pequeño calibre y municiones incendiarias, e iba a cargar dos contenedores con cartuchos no metálicos y dos contenedores de cohetes con carga explosiva". Tales datos, señala el informe, provienen de la Capitanía Marítima de Valencia.

El Gobierno añade que el siguiente puerto donde haría escala sería Génova, mientras que "el destino final es Arabia Saudí". En cualquier caso, el ejercicio de transparencia del Ejecutivo –que hasta ahora se había resistido a dar información concreta sobre las actividades de los barcos saudíes en España– tiene sus límites: en esa misma respuesta, asegura que "no se dispone de información sobre uso y destinatario final" del armamento cargado en Sagunto.

Al igual que en anteriores ocasiones, La Moncloa vuelve a alegar que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios",  argumentando así que las exportaciones de material de defensa al régimen de Salmán bin Abdulaziz no implicaría ninguna vulneración del Tratado de Comercio de Armas (TCA) suscrito por España. 

Del mismo modo, asegura que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", el Gobierno español aplicaría el punto estipulado en la ley sobre comercio exterior de material de defensa y de doble uso, "por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida". 

De acuerdo a distintos datos recogidos por Luis Arbide, integrante de la comisión La Guerra Empieza Aquí de 'Ongi Etorri Errefuxiatuak' (Bienvenidas y Bienvenidos Refugiados) y experto en asuntos relacionados con la venta de armas a Arabia, más de 30 barcos de la muerte saudíes han hecho escala en puertos españoles desde que el régimen iniciara los ataques contra Yemen en marzo de 2015.

Un reciente informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige Josep Borrell establece que España se convirtió en 2020 en el segundo gran suministrador de material de defensa a Arabia Saudí, con exportaciones que alcanzaron los 48.262.757 euros. El ranking está encabezado por Francia, cuyas ventas superaron 275.000.000 de euros. 

Vulneración del Tratado

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, señaló que la respuesta del Gobierno "muestra que dar información detallada sobre qué cargan y qué transportan los barcos saudíes es una cuestión de voluntad política y no, como alegaban en otras ocasiones, un asunto confidencial por el Código Aduanero de la UE". "Amnistía acoge con satisfacción que la Capitanía Marítima de Valencia haya facilitado esta información y confía en que esta sea la norma a partir de ahora", remarcó.

En cualquier caso, Estévez advirtió que "por el tipo de armas que transportaba el Bahri Jeddah y las que iba a cargar, el Gobierno debería haber aplicado al pie de la letra el TCA y haber impedido este tránsito y esta carga por el riesgo de que se empleen para cometer ataques deliberados y arbitrarios contra civiles en Yemen". 

El portavoz de AI alertó precisamente que "la cifra de ataques aéreos en Yemen en octubre aumentó en un 11% mes a mes hasta alcanzar la tasa más alta desde marzo". En tal sentido, Yemen Data Project "registró hasta 839 ataques aéreos individuales en octubre, el mayor número en un solo mes desde junio de 2020, principalmente por la batalla por la ciudad estratégica de Marib que apenas tiene repercusión en los medios de comunicación internacionales".

"Lo realmente más preocupante de esta respuesta –continúa el portavoz de Amnistía– es lo que dice el gobierno respecto a que suspendería o revocaría las autorizaciones si si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido. Esto indica una mala praxis en la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas que, para las transferencias no prohibidas, exige una evaluación del riesgo de que las exportaciones de armas puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional Humanitario".