Si los ciudadanos saben que la principal preocupación de los españoles en el mes de marzo fue el paro, y la segunda, la corrupción (así como las tendencias electorales o el grado de valoración de nuestros políticos), es gracias al trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El organismo depende del Ministerio de Presidencia, pero desde 1995 se rige por estrictas condiciones legales en cuanto a la transparencia de sus trabajos y la difusión de sus resultados. Cualquier ciudadano puede ahora mismo consultarlas en su web.

La Generalitat valenciana no dispone, en cambio, de un organismo de este tipo, pero sí de sondeos similares. Eso sí, ahí acaba todo parecido con los sondeos del CIS, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, la IESA andaluz o el Euskobarómetro. Porque aunque los valencianos asuman el coste de esas encuestas, los resultados de las mismas los conoce en exclusiva el Consell que preside Alberto Fabra.

Nadie, excepto el presidente y su equipo, tiene acceso a los resultados de estos sondeos trimestrales cuya contratación inició Francisco Camps al año de aterrizar en el Palau de la Generalitat. Desde entonces, Camps gastaría en estos estudios cerca de 1.100.000 euros, mientras que Fabra -que sucedió al anterior prometiendo transparencia- ya ha añadido otros 250.000.

'¿Con qué ideas asocia un gobierno tripartito del PSPV, Compromís y Esquerra Unida?'

El secretismo de los resultados, sin embargo, permaneció inalterable con el traspaso de poder entre uno y otro. Y quizás el motivo que lo justifique sea la evidencia de que las encuestas han siso siempre utilizadas por el gobierno valenciano para perpetuarse en el poder. Pero no solo por la ventaja de conocer en exclusiva los resultados de unos estudios sociológicos de elevado coste económico pagados con dinero público, sino porque el mismo momento de la encuesta es utilizado para condicionar a los interrogados.

Como hace meses publicó el diario Levante  y ha podido corroborar Público, entre las preguntas formuladas a los encuestados no faltan las que plantean como una amenaza a un futuro gobierno de izquierdas. '¿Cree que las cosas mejorarían para los intereses de la Comunitat Valenciana con un gobierno tripartito del PSPV, Compromís (Bloc) y Esquerra Unida?' o '¿Con qué ideas asocia un gobierno tripartito del PSPV, Compromís (Bloc) y Esquerra Unida?'  -incluyendo entre las respuestas cerradas 'una alternativa que promovería el independentismo', 'un gobierno de carácter catalanista' y 'un gobierno de radicalización de Izquierdas'- son solo dos ejemplos de la intencionalidad del cuestionario. Nada que ver con el sondeo trimestral del CIS.

Los valencianos pagarán 119.000 euros para que el PP  prepare las eleccionesPero a pesar de esta revelación, el gobierno valenciano no ha rectificado en este ejercicio y, de no interrumpirse por parte de la Generalitat, el próximo 6 de mayo se prorrogará automáticamente el último contrato para la realización del sondeo. Los valencianos abonarían así 119.000 euros más para que el Consell y, a su vez, los líderes del PP valenciano dispongan de manera privada de otro instrumento para preparar las elecciones autonómicas de 2015.

Con esta renovación el coste de las encuestas trimestrales alcanzaría el millón y medio de euros. No obstante, según información publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, entre noviembre de 1997 (con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat) y febrero de 2010, la Generalitat realizó no menos de 14 contrataciones (entre adjudicaciones y concursos) de estudios sociológicos y encuestas telefónicas, por un valor que rondaría otro millón y medio de euros. Estudios y encuestas cuyos resultados tampoco fueron revelados jamás a la ciudadanía.

'Se trata de una apropiación de los recursos públicos para un uso partidista' La oposición ha reclamado en numerosas ocasiones que estos estudios se hagan públicos pero el gobierno valenciano se ha mostrado inflexible. 'Son instrumentos de carácter auxiliar para la elaboración de informes internos de la administración, y en ningún caso abordan temas relacionados con la intención de voto, ni valoraciones personales de líderes políticos', respondía en noviembre de 2012 el vicepresidente Ciscar a la pregunta parlamentaria del diputado autonómico de Esquerra Unida, Ignacio Blanco.

Por respuestas como ésta, Ciscar fue objeto a finales del pasado mes a una Proposición no de Ley a iniciativa de Esquerra Unida para ser reprobado por mentir en relación a estos estudios. Aunque la proposición fue secundada por la oposición al completo, la mayoría del PP en la cámara avaló al vicepresidente y el oscurantismo del Gobierno.

'Se trata claramente de un caso de apropiación de los recursos públicos para un uso partidista, es decir, la ya clásica concepción patrimonialista de la administración por parte del PP', señala Ignacio Blanco, que apunta que Esquerra Unida finalmente se ha visto obligada a acudir a la vía judicial para que los ciudadanos puedan conocer una información que en otras administraciones es pública. Actualmente están pendientes de resolución siete recursos presentados por su partido ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano por vulneración de derechos fundamentales presuntamente cometida por el gobierno de Alberto Fabra.

El último informe de Transparencia Internacional situó al Parlamento valenciano entre los cinco menos transparentes de España, solo empeorado por los de de Madrid, Islas Baleares, Canarias y Murcia.