Antes de que acabe el año, Catalunya tendrá un organismo que analizará el impacto social y medioambiental que causan las empresas catalanas en el extranjero. Ésta será la principal tarea del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, cuya creación se inició el 9 de febrero cuando el Parlament admitió a trámite la propuesta. A partir de ahí, serán los grupos de la cámara quienes debatirán el texto en comisión hasta llevarlo al pleno durante el próximo otoño, donde será votado.

Por ahora, la iniciativa impulsada por el Grup Català d'Empresa i Drets Humans, en el que se integran dieciocho entidades vinculadas a Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global, junto a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ya ha recibido el aval de la mayoría de grupos parlamentarios –sólo se oponen Partido Popular, Ciudadanos y Vox–, además de 8.000 asociaciones del tercer sector social.

Para los impulsores, este nivel de adhesión debería servir para respetar el texto presentado, que entre otras cosas prevé dotar al futuro organismo de la máxima capacidad de investigación e inspección posibles. Unas prerrogativas que, según indica Dani Gómez, miembro de Lafede.cat, "lo convertiría en una iniciativa pionera en materia de derechos humanos, puesto que la situaría en la misma línea del trabajo que la ONU realiza para controlar la actividad de las compañías transnacionales".

Freno a la impunidad

La demanda de un dispositivo que vele por las buenas prácticas empresariales ya se había formulado años atrás. Así lo recuerda el Grup Català d’Empresa i Drets Humans, después que de acuerdo con las leyes de Cooperació y de Acció Exterior de 2014 varias entidades sociales reclamaron la creación de un organismo que fiscalizara la política de las empresas catalanas en el extranjero.

No fue hasta el 2016, sin embargo, que la propuesta cogió altura después de que el Parlament se pronunciara a favor mediante una resolución. Más tarde vendrían dos nuevas resoluciones que, de nuevo por unanimidad o mayoría absoluta, certificaron el apoyo de la cámara a la petición de la plataforma cívica, según la cual la mitad de las empresas catalanas vulneran los derechos sociales y ambientales de las comunidades donde tiene instaladas plantas de producción.

Entre las compañías señaladas por la plataforma encontramos a Acuacar, filial de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), a quien se acusa de provocar presuntas graves afectaciones contra la integridad física y emocional de la población en las tareas de saneamiento que llevar a término en la ciudad colombiana de Cartagena. Público no ha podido contactar con la empresa para aportar su versión, a pesar de varios intentos. También se mencionan los casos de Mango, que a raíz de su entrada en el mercado internacional ha sido denunciada por presuntamente violar los derechos de los empleados que operan en sus factorías de Turquía y Perú; e Inditex, propietaria de la cadena de tiendas Zara, que en el 2013 saltó a la palestra después de que se hundiera uno de sus talleres de Bangladesh, donde cientos de trabajadores sufrían unas pésimas condiciones laborales.

Figuran también como responsables de vulneraciones Israel Chemicals Ltd. (ICL), matriz de la compañera ICL Iberia Súria&Sallent, la única productora de sales potásicas en el Estado español; ESSAL, que en la gestión y tratamiento de aguas residuales en Chile ha causado estragos en 33 localidades de la región de Los Lagos; o el grupo ACS, de Florentino Pérez, cuya filial catalana ha participado en la construcción del mayor complejo hidroeléctrico de Guatemala, causando destrozos ambientales y el desplazamiento de la comunidad que habitaba. Sin olvidar, en este serial de malas prácticas, la empresa Magal Security Systems, la cual ha proporcionado al gobierno de Israel, según las ONG, sistemas perimetrales de seguridad en el muro de separación de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como en los asentamientos legales en los territorios palestinos ocupados.

Todos estos casos, hasta un total de quince, quedan documentados en la web AlertaDH, creada por el Grup Català d’Empresa i Drets Humans con el objetivo de identificar las vulneraciones que se registran a partir de la actividad exterior de algunas compañías catalanas y extender el apoyo al futuro organismo de control mediante la recogida de firmas.

Límites y potencialidades

La entrada en funcionamiento de un organismo que fiscalice a las empresas catalanas es percibido como un paso fundamental en las políticas de transparencia y buenas prácticas. "Sólo la posibilidad de que las poblaciones afectadas puedan dirigirse a ella y recibir un acompañamiento oficial, ya supone un salto cualitativo", explica Dani Gómez. De hecho, tal y como apunta el representante de Lafede.cat, con las cantidad de vulneraciones que las entidades conocen de primera mano, el Centro tendrá trabajo para diversos años.

Sin embargo, Gómez admite las dificultades que el nuevo organismo se puede encontrar una vez empiece a funcionar. "La primera es que la mayoría de las empresas matrices están radicadas en países distintos a los que operan, lo que hace complicado que se vehicule la denuncia hacia los responsables últimos". Y después el hecho de que, al pertenecer a una comunidad autónoma, el Centro no tendrá ninguna capacidad sancionadora ni sentenciadora. "Se limitará a recoger las denuncias y, una vez las haya estudiado y validado sobre el terreno con peritos y otros especialistas, las trasladará a la Fiscalía para que, en virtud del principio de justicia universal, abra diligencias y, si así lo considera oportuno, curse alguna penalización", indica Gómez.

A pesar de estas limitaciones, el portavoz del Grup Català d’Empresa i Drets Humans considera que, por el hecho de que se tratará de un órgano público, sus dictámenes tendrán un mayor impacto político y social. "No sólo la empresa verá manchada su imagen a ojos de la población; también sus informes serán una advertencia para que el Ejecutivo actúe en consecuencia y le exija un cambio de políticas", añade Gómez. Para sustentar esta exigencia, la plataforma plantea que, en el pliego de pujas, las empresas rellenen un certificado según el cual en su cadena de actividad no vulneran ningún derecho.

Para el Grup Català d’Empresa i Drets Humans, pues, la razón del Centro pasa sobre todo por convertirse en una herramienta de concienciación de lo que está pasando con las multinacionales catalanas en el extranjero. "Que se conozca cómo actúan, tendrá una relevancia evidente y hará que la Generalitat difícilmente se atreva a contar con ellas para futuros servicios que pueda necesitar", afirma Gómez. En todo caso, como subraya el miembro de la plataforma, será necesario que la sociedad sea vigilante para que, al margen de lo que hagan las instituciones, las empresas del país respeten los derechos humanos en todo el mundo.