El Govern catalán ha aprobado este martes transferir 10 millones de euros de un fondo extraordinario de la Generalitat para dotar el Fondo Complementario de Riesgos que aprobó la semana pasada la Generalitat para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de excargos del Ejecutivo.

El Govern ha explicado que se ha aprobado la transferencia de 10 millones "previstos en el capítulo 2 de los presupuestos, dentro del concepto DD10 "Gastos de varios departamentos, fondos extraordinarios".

Se trata de un fondo que tiene la Generalitat al que pueden acudir los diferentes departamentos en caso de que haya gastos no previstos en los Presupuestos o por cuestiones sobrevenidas. Fuentes de la Conselleria de Economía han apuntado que el Govern utiliza estos fondos de manera frecuente en muchos asuntos distintos, según ha informado Europa Press.

Con este dinero se pretende pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas pide a ex dirigentes independentistas como Oriol Junqueras, Artur Mas, Carles Puigdemont, o Raül Romeva. 

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, ha afirmado que "este dinero sale de las arcas de la Generalitat" pero no ha detallado de qué departamentos salen estos recursos.

Ha insistido en que están convencidos de que el decreto ley cumple "todos los requisitos jurídicos" y que sirve para dar seguridad jurídica a todos los servidores públicos de la Generalitat.

Illa cree que el fondo del Govern se ajusta a la legalidad

El jefe de la oposición en el Parlament, el socialista Salvador Illa, considera que el "fondo complementario" creado por el Govern para ayudar a lo ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero se ajusta a la legalidad.

"La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros con los que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad", ha apuntado en una entrevista en Rac1.

Illa ha defendido este gesto porque, aunque los informes de este organismo catalán no sean vinculantes, sí que tiene un valor político para acabar con el "ruido" generado en torno al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT). 

"Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto [...] Yo quiero que todos tengamos la garantía de que se ajusta al Estatut y a la Constitución", ha resuelto.

Por su parte, Ciudadanos, declara haber presentado un dictamen ante el Consell de Garantías Estatutarias contra el fondo de 10 millones "para ayudar a los malversadores y que no tengan que pagar sus responsabilidades económicas". El Presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha calificado el fondo como "una nueva chapuza partidista a la que el nacionalismo nos tiene acostumbrados". 

"Ese decreto es un traje a medida para los nacionalistas porque este tipo de legislación solo se usa para casos de extraordinaria urgencia y necesidad", añade Carrizosa, que considera que no era urgente ni existía necesidad de ello.

¿Quién lo avala?

La semana pasada la Generalitat acordó crear este fondo, que a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), servirá para que el Govern actúe como contra aval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas.

Plaja ha explicado que todavía no pueden hacer pública la entidad bancaria que pondrá el aval pero ha asegurado que se podría activar una "alternativa" si finalmente no hay ningún banco que actúe como aval y que pasaría por que lo hiciera el ICF de manera transitoria.