BARCELONA.– La portavoz de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, ha acusado este viernes al Gobierno central de amenazar a las instituciones catalanes con sus constantes apelaciones al Tribunal Constitucional (TC) y ha avisado de que el Govern no rectificará su rumbo soberanista: "El Gobierno amenaza pero no nos apartaremos de nuestro camino, que es profundamente democrático".
Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya pedido este viernes al Alto Tribunal que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir el debate y votación de las conclusiones del proceso constituyente.
Gobierno y democracia "en funciones"
Munté ha expresado su pleno apoyo a la presidenta de la Cámara catalana y ha subrayado que sería "del todo inadmisible e inaudito desde una perspectiva democrática" que se pidiera la inhabilitación de Forcadell por permitir un debate en el Parlament que, a su juicio, fue perfectamente democrático.
También ha afirmado que la decisión de debatir las conclusiones, que definen un camino unilateral hacia la independencia de Cataluña, no fue un gesto gratuito de Forcadell y de la Mesa, sino que responde a la voluntad de "cientos de miles de personas" que son partidarias del proceso soberanista.
La portavoz de la Generalitat ha considerado que en el Estado, tanto el Gobierno como la democracia están "en funciones", y ha acusado al Ejecutivo central de estar más centrado en entorpecer el sistema democrático que en reforzarlo.
Y ha manifestado que otro síntoma de la escasa credibilidad democrática que tiene el Gobierno central, además de las apelaciones al TC, es el de que lleva más de 200 días en funciones sin haberse sometido a una sesión de control en el Congreso.
"Estamos obedeciendo el mandato de las urnas"
Preguntada por si cree que el debate parlamentario del miércoles y la reacción del Gobierno central pudiera tener consecuencias también para el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha rechazado que se pueda "perseguir o represaliar a personas elegidas por los ciudadanos".
El Gobierno catalán se considera legitimado por los resultados del 27 de septiembre de 2015, donde el independentismo –JxSí y la CUP– logró mayoría absoluta en escaños (72) y el 48% de los sufragios: "Son votos y esto en democracia significa alguna cosa".
"Estamos obedeciendo ese mandato [de las urnas]. Nada más y nada menos", ha zanjado la consellera, que ha recordado que el anterior Govern, liderado por Artur Mas y estando en funciones, ya recibió un apercibimiento por aprobar las resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.
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