Garoña marca el futuro de la energía nuclear en España

El debate sobre la polémica reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) arrastra de fondo otro de mayor alcance: el de la conveniencia o no de prolongar la vida del resto de centrales españolas, que irán poco a poco cumpliendo los 40 años de utilidad para los que fueron diseñadas.

De conseguir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear que evalúa una prórroga para Garoña hasta 2031, la central se convertiría en la primera instalación de este tipo en operar durante tantos años en nuestro país. Una opción que a priori, y atendiendo a cuestiones prácticas, no parece tener mucho sentido: la central es hermana gemela de la accidentada Fukushima, lleva cerrada tres años por motivos económicos y ahora debe afrontar un fuerte desembolso para su reactivación. Además, su aportación a la red es muy escasa (466 megavatios, la mitad que el resto de centrales activas). Aun así, es una ficha clave para el futuro de las nucleares en España.

“Si se da un precedente con Garoña se hará lo mismo con el resto”, señala Francisco Castejón, físico nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, que cree que aunque la central se someta a reparaciones “no serán suficientes para garantizar unos niveles de seguridad aceptables”.

La industria (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa son las únicas propietarias) ha manifestado al Gobierno su interés por alargar la vida de las centrales hasta los 60 años. Cree que, si las condiciones técnicas lo permiten, es “una opción de indudables ventajas”. “Veinte años más de producción nuclear significa 5 años de consumo eléctrico en España y un ahorro de 700 millones de toneladas de gases de efecto invernadero”, dice el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, en conversación telefónica con este periódico.

El parque nuclear español es relativamente viejo. De los 10 reactores que se construyeron, actualmente sólo siguen activos 7. La central de José Cabrera, la primera en operar, cesó su actividad en 2006 sin haber llegado a cumplir los 40 años y la de Vandellós I (en Tarragona) se vio obligada a cerrar después de 17 años en funcionamiento a consecuencia de un incendio que ha supuesto, hasta la fecha, el accidente nuclear más grave en nuestro país. Garoña cumplió en 2011 las cuatro décadas, aunque lleva parada desde 2012 por motivos económicos. La siguiente en la lista es Almaraz, cuya licencia de explotación expira en 2021, pero que se ha visto envuelta en varios escándalos de seguridad en los últimos meses. El resto de instalaciones irán agotando su vida útil entre 2023 y 2034.

“No se sabe cuál es el coste de las mejoras que puedan necesitar, pero sus propietarias son grandes eléctricas con otros negocios que pueden respaldar las inversiones. Además las centrales están más que amortizadas; siguen teniendo muchos beneficios”, señala Julio Campo, experto de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Aunque la nuclear no es la energía más barata de producir, sí es muy rentable, porque tal y como está establecido el mercado eléctrico, cobra cada megavatio hora al precio que marcan en la subasta las centrales de gas y carbón, que son las fuentes más caras. La energía nuclear representa, aproximadamente, el 20% de toda la electricidad producida en España y según cálculos del Foro Nuclear da empleo, de forma directa e indirecta, a 30.000 personas.

Castejón defiende que, debido al exceso de producción que hay en España, su desaparición “no se notaría” en cuestiones de abastecimiento.

“Cualquier instalación eléctrica, cojas la que cojas, es prescindible”- reconoce por su parte Cornadó- “Pero el asunto es si tiene sentido cerrar una instalación que está en buenas condiciones sólo por el debate ideológico. Debería haber un consenso lógico por encima de las vicisitudes de los partidos”.

En realidad no existe ninguna normativa que estipule por ley cuánto tiempo puede estar funcionando una central nuclear. Siempre que se cumpla con los requisitos de seguridad, avalados por el CSN, los operadores pueden solicitar una prórroga tras otra. Aún así, la decisión es más política de lo que parece. Los informes que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear sólo son vinculantes cuando son negativos, es decir, cuando una instalación no cumple con los requisitos necesarios para seguir operando. Pero si una central cuenta con el aval del CSN, la última palabra la tiene el Ministerio de Industria, que es quien debe aprobar o desestimar una renovación de la licencia de explotación. Y en ese contexto, el color político del Gobierno de turno juega un papel determinante.

Hasta ahora, ningún Gobierno se ha comprometido en firme con un calendario de cierre. La Ley de Sostenibilidad Económica del PSOE estableció un límite de 40 años, pero más tarde eliminó este punto en un pacto con CiU. Ahora Pedro Sánchez ha recuperado ese compromiso en su programa de Gobierno, en un panorama que deja al Partido Popular como el único partido abiertamente a favor de mantener las nucleares en España. Hace escasas semanas, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, firmaron una petición para exigir al CSN que se abstenga de seguir con los informes para la reapertura de Garoña mientras exista un Gobierno en funciones.

Las organizaciones ecologistas y algunos partidos como Equo denuncian “las presiones” para que el organismo regulador se pronuncie a favor de los intereses del PP y las eléctricas. Si el CSN da el visto bueno a Garoña y posteriormente un eventual Gobierno no aprueba la reapertura de la central, sus propietarias (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar una indemnización por el lucro cesante.

“El CSN ha tenido unas actuaciones cuanto menos dudosas. A nuestro parecer no está aplicando el rigor suficiente”, afirma Castejón.

El organismo, cuyos consejeros son nombrados por los partidos (ahora mismo tiene tres designados por el PP y dos por el PSOE) no ha estado exento de polémica, sobre todo desde que el último consejero, Javier Díes Llovera, vinculado directamente al PP en Barcelona, fuera nombrado por el partido conservador el pasado verano de manera unilateral y sin apoyo del Congreso.

En un comunicado difundido esta semana, el organismo salía en defensa de su “independencia”. “El Pleno del CSN, como máximo órgano de dirección del regulador nuclear y único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España, viene ejerciendo sus competencias y lo va a seguir haciendo, con total independencia y autonomía, tal y como le exige su Ley de creación y su Estatuto, normas que regulan su misión y su funcionamiento”.