Las elecciones vascas y gallegas de este domingo serán históricas a raíz de su contexto. Los comicios se desarrollarán en plena pandemia del coronavirus, una situación que provoca particularidades notables que no se pueden comparar con otros procesos electorales. Más allá de las circunstancias provocadas por la covid-19, las elecciones en estos dos territorios tienen una serie de elementos diferenciales respecto al resto de comicios.

Aunque cada proceso es distinto, Galicia y Euskadi presentan una menor proporcionalidad en sus sistemas respecto a las fórmulas utilizadas en otros territorios. Aunque las "correcciones" de sus sistemas y su origen histórico son distintos, sus características provocan efectos importantes en la proporcionalidad resultante de la transformación de votos a escaños.

El sistema gallego es el que más se parece al resto de procesos electorales del Estado. Su principal peculiaridad, que afecta en último término a la proporcionalidad, es la fórmula de reparto de escaños entre sus cuatro provincias. La ley electoral gallega establece que a cada una de ellas (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) le corresponde un mínimo de 10 escaños de inicio.

El resto de los diputados hasta alcanzar el total se distribuye entre las provincias en función de su población. Teniendo en cuenta que el Parlamento gallego cuenta en la actualidad con 75 asientos, el decreto de convocatoria electoral de las elecciones gallegas de 2020 establece que a A Coruña le corresponden 25 escaños, a Lugo y a Ourense, 14 a cada una, y a Pontevedra, 22.

Atendiendo al reparto de escaños y al censo electoral de cada territorio, un escaño en A Coruña o en Pontevedra cuesta casi el doble que uno en Ourense o Lugo o, lo que es lo mismo, en Ourense y Lugo obtener un diputado cuesta la mitad que en las otras dos provincias. En A Coruña, con un censo electoral de 926.099 personas (censo electoral de residentes en la provincia, según el INE y sin contar con los residentes en el extranjero), obtener un diputado cuesta 37.044 votos.

Mientras que en Ourense, con un censo de 257.159 electores, el escaño se traduce en 18.368 sufragios. La sobrerrepresentación de las provincias más pequeñas no es una particularidad exclusiva del sistema gallego, aunque sí lo es el reparto inicial de los 10 escaños que no atienden al criterio demográfico.

Esta fórmula de los 10 escaños forma parte del sistema electoral gallego desde sus inicios, e incluso es anterior a la aprobación del estatuto de autonomía y de la ley electoral gallegos, cuando el Gobierno de la UCD estableció sistemas electorales transitorios hasta la aprobación de los definitivos.

Euskadi: tres territorios, distinta población, mismos escaños

El objetivo era el de vertebrar territorialmente al Estado conectando las zonas rurales con las urbanas, ya que se entendía que, si se optaba por una representación pura, las provincias rurales no serían capaces de llevar sus propuestas al parlamento, y acabarían por resultar muy perjudicadas.

El de Euskadi es quizá el sistema electoral con más particularidades del Estado. Sus tres provincias (denominadas territorios históricos) están bastante alejadas entre sí en lo que al peso demográfico se refiere, pero su estatuto de autonomía, que sirve de marco a su ley electoral, da el mismo número de escaños a cada una de ellas. A 1 de junio de 2020, Bizkaia, la circunscripción más poblada, contaba con 908.413 personas con derecho a voto; en Gipuzkoa, el segundo territorio con mayor población, el censo electoral era de 555.955 personas; mientras que Araba, la provincia con menos habitantes de las tres que constituyen Euskadi, tenía un censo registrado de 251.229 personas.

Pese a las notables diferencias demográficas, el Estatuto de Autonomía recoge que cada uno de sus tres territorios históricos aporta 25 diputados al parlamento. Si se calculan los votos necesarios para conseguir un escaño, las diferencias entre las tres provincias son notables, especialmente entre Bizkaia y Araba, ya que el censo electoral de la primera triplica al de la segunda.

En Bizkaia cada escaño cuesta alrededor de 36.336 votos, mientras que en Gipuzkoa para obtener un diputado se necesitan 22.238 sufragios. En Araba, el coste de cada escaño es de apenas 10.049 votos, es decir, la mitad de sufragios que se precisan en Gipuzkoa y casi cuatro veces menos de los que cuesta sacar un diputado en Bizkaia. El "bajo coste" del escaño en Araba ha provocado algunas situaciones relevantes. Uno de los ejemplos más reveladores en este sentido es el del PSOE en las elecciones de 1994. Los socialistas vascos obtuvieron 12 escaños al Parlamento, cuatro en cada una de las tres circunscripciones.

Para sus cuatro diputados de Bizkaia, los socialistas precisaron de 99.931 votos; para los cuatro de Gipuzkoa necesitaron 53.320 sufragios; mientras que en Araba les bastó con algo más de 21.400 votos. Los partidos han aprovechado el coste de los escaños en Araba para tratar de garantizarse representación parlamentaria en los comicios autonómicos.

Quizá el ejemplo más paradigmático sea el de Unidad Alavesa, una formación política que nació de una escisión del PP y que defendía que Araba debía formar una comunidad foral propia independiente de Euskadi, como había hecho Navarra. El partido solo tuvo implementación en este territorio, pero llegó a tener representación política en varias ocasiones. En 1994 consiguieron llevar al parlamento autonómico cinco diputados con 27.797 votos (en la actualidad cada escaño en Bizkaia cuesta 36.336 sufragios).

En las últimas elecciones, en 2016, el PP fue la quinta y última fuerza del Parlamento vasco con 9 diputados, de los cuales cinco los consiguió en la circunscripción de Araba, donde fue segunda fuerza con 27.812 votos. En las anteriores, en 2012, UPyD logró un único escaño, que fue a parar al líder de la formación en Euskadi, Gorka Maneiro, gracias a la ley electoral vasca. Maneiro obtuvo el escaño en Araba.